La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) encargó parte de la obra a Cumbra, firma de Aenza, reconocida por admitir sobornos en Lava Jato. Riesgos de seguridad, sobrecostos y falta de transparencia marcan el proyecto.
El nuevo aeropuerto Jorge Chávez enfrenta graves señalamientos por corrupción, sobrecostos y fallas de diseño que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. La concesionaria LAP subcontrató a Cumbra, empresa del conglomerado Aenza, que en el pasado confesó haberse beneficiado ilegalmente en el escándalo Lava Jato. Además, el contrato pasó de 700 a 1,050 millones de dólares sin una explicación clara, mientras persisten problemas como accesos congestionados, falta de espacio para protocolos de seguridad y denuncias de doble cobro en ingresos.
Una empresa con antecedentes turbios en la obra clave del país
El periodista Diego Acuña reveló meses atrás que LAP, a cargo de la ampliación del aeropuerto, contrató al Consorcio Inti Punku, donde figura Cumbra. Esta empresa pertenece a Aenza (antes Graña y Montero), que en 2021 admitió ante el Departamento de Justicia de EE.UU. haber pagado sobornos para ganar obras públicas en Perú.
Ante las denuncias, la congresista Norma Yarrow exigió explicaciones al entonces ministro de Transportes, Jorge Pérez Reyes (ahora en Economía). Sin embargo, la respuesta de LAP fue evasiva. «Conforme a lo pactado entre LAP y el Consorcio Inti Punku, siendo este un contrato estrictamente privado», declaró Elizabeth Dávila Suárez, apoderada legal de la concesionaria.
Riesgos de seguridad y sobrecostos ocultos
El proyecto, que debía modernizar el principal terminal aéreo del Perú, acumula irregularidades. Los problemas detectados incluyen:
- Diseño peligroso: Falta de espacio suficiente para protocolos de seguridad, lo que podría generar riesgos de accidentes.
- Accesos congestionados: Vías mal planificadas que ya generan caos vehicular.
- Doble cobro: Denuncias de que se estaría cobrando dos veces el ingreso a ciertas zonas.
- Sobreprecio: El monto inicial de 700 millones de dólares se elevó a 1,050 millones sin justificación pública.
A pesar de las advertencias, las autoridades no han tomado medidas contundentes. El Ministerio de Transportes, bajo la gestión de Pérez Reyes, no intervino para fiscalizar adecuadamente el contrato.
El patrón de corrupción que se repite
La participación de Cumbra en esta obra no es una casualidad. Aenza (su matriz) fue una de las principales implicadas en el caso Lava Jato, donde empresas constructoras pagaron sobornos a funcionarios para ganar licitaciones. En 2021, la firma aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. y pagó una multa de 36 millones de dólares por corrupción.
Que LAP haya elegido a esta empresa, a pesar de su historial, genera dudas sobre la transparencia del proceso. «No se puede confiar en que una constructora que admitió delitos garantice una obra libre de irregularidades», señaló un experto en infraestructura que prefirió mantener su nombre en reserva.
Un aeropuerto que nace en medio del descrédito
El nuevo Jorge Chávez debía ser un símbolo de modernidad. Sin embargo, el secretismo en los contratos, los sobrecostos y la participación de una empresa con antecedentes de corrupción lo convierten en otro caso de opacidad en obras públicas.
Mientras tanto, los pasajeros y trabajadores enfrentarán las consecuencias: un terminal con posibles fallas de seguridad y un Estado que, una vez más, no fiscalizó a tiempo. La pregunta que queda es: ¿quién responde por esto?
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