Pese a admitir que mostró en clase imágenes de investigados, el magistrado niega el audio donde pide ocultarlas y lo llama “bamba”.
Chats, llamadas y testimonios respaldan la autenticidad del material que lo compromete. La Junta Nacional de Justicia ya lo sancionó.
El juez Richard Concepción Carhuancho, conocido por su protagonismo en casos de alto perfil y de haber enviado a prisión preventiva a Keiko Fujimori, Ollanta Humala y otros, vuelve al centro del debate público tras un nuevo escándalo que pone en entredicho su imparcialidad y coherencia jurídica.
El juez, mientras dirigía las audiencias de prisión preventiva del caso “Waikys en la sombra”, incluyó en las diapositivas de sus clases en la entidad Udeapolis –que no tiene rango universitario– imágenes que mostraban a los imputados como parte de una organización criminal. Estas diapositivas, que fueron eliminadas posteriormente, fueron tomadas como una señal clara de prejuzgamiento.
En febrero, un reportaje reveló un audio en el que el magistrado pedía al coordinador académico de dicha entidad mantener reserva sobre el caso y no responder a la prensa. Dos días atrás, ante la controversia pública, Concepción Carhuancho ofreció una explicación en la que dejó más dudas que certezas.
Audio sin valor… ¿pero solo cuando se trata de él?
El juez sostuvo que el audio difundido es “falso” y fue “creado con inteligencia artificial”. Sin embargo, no existe una pericia que respalde esta afirmación. Llama la atención que el propio magistrado ha dictado múltiples prisiones preventivas basadas en audios cuya autenticidad también era negada por los imputados, y en varios casos sin peritaje técnico que acreditara su validez. Si, según su nuevo criterio, un audio sin pericia no tiene valor probatorio, ¿por qué sí lo tuvo para encarcelar a otras personas?
Falta grave judicial
Concepción Carhuancho admitió que pidió la eliminación de las diapositivas porque se trató de un “error”. No queda claro de quién fue el error ni cómo llegaron imágenes de un caso bajo su jurisdicción a una clase dictada por él mismo. En términos legales, un error de esa magnitud –exponer material de una investigación judicial en curso con juicio de valor incluido– no es un “descuido”, sino una falta que compromete su imparcialidad como juez.
La Constitución prima sobre cualquier otra ley
Sobre su participación docente en Udeapolis, el juez defendió su actuación señalando que está amparado por la Ley de la Carrera Judicial (LCJ). No obstante, el artículo 146 de la Constitución Política del Perú establece que “la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria fuera del horario de trabajo”. ¿Desde cuándo una ley ordinaria puede contradecir la Constitución? Más aún viniendo de un juez que ha aplicado control difuso para inaplicar normas por considerarlas inconstitucionales.
El juez de los audios sin pericia, hoy se desdice
Concepción Carhuancho, figura emblemática de los procesos anticorrupción, hoy enfrenta
su propio espejo. La consistencia judicial no es solo un ideal: es una exigencia. En un país donde la prisión preventiva ha sido utilizada con dudoso criterio, el caso del juez deja una advertencia clara: la vara con la que se mide a los demás también debe aplicarse a quien la sostiene.
Caso “tarjeteros”
El último 14 de abril, la Autoridad Nacional de Control decidió abrir procedimiento administrativo disciplinario contra Concepción Carhuancho, por vulnerar el derecho a la libertad personal y al debido proceso.
En abril del 2024, la Diviac detuvo a 18 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Tarjeteros del Norte’, banda que, según su modus operandi, ingresaba a bancos para cambiar tarjetas y así apoderarse del dinero de sus víctimas. Uno de los detenidos fue Néstor Sánchez.
“Vengo siendo investigado por el delito de organización criminal desde abril del 2024 por el caso ‘Tarjeteros del Norte’, por el magistrado Richard Concepción Carhuancho. (…) Se me acusa directamente por el delito de organización criminal. Yo no me opongo a la investigación. Estoy presto a colaborar, pero que sea conforme a ley. Estoy suplicando de que por favor se haga las cosas conforme a ley”, declaró el denunciante Néstor Sánchez.
Son tres fundamentos por los cuales la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha determinado la conducta del juez Carhuancho como falta muy grave.
Para el abogado Carlos Caro una persona no pueda estar detenida más de 48 horas sin ser puesta a disposición de la autoridad judicial, excepto en dos casos: el terrorismo y narcotráfico. “Eso dice la Constitución. (Si fue 100 días en el caso de Néstor) Eso es un secuestro del Estado y es un tema absolutamente arbitrario que merece una sanción grave”, expresó el letrado.
De esta forma, el juez Carhuancho, violando flagrantemente la Constitución, decidió
privar de su libertad a los investigados del caso ‘Los Tarjeteros del Norte’ a 85 días más de lo que permite la ley. Incluso, contradiciendo la resolución judicial donde él mismo estableció la detención preliminar a los investigados por 10 días. En las próximas semanas se espera que la Autoridad Nacional de Control proceda de la misma manera con que el juez Raúl Justiniano que ya fue suspendido por un plazo de seis meses por la misma autoridad que hoy investiga a Concepción Carhuancho y luego sea, según varios letrados sea expulsado del sistema de justicia por la Junta Nacional de Justicia.
CARHUANCHO RETA A LA CORTE SUPREMA Y AL CONGRESO
En otra una audiencia que debió limitarse a resolver una medida procesal, el juez Richard Concepción Carhuancho lanzó una clara advertencia política y judicial. Aunque declaró que se sometería a la Ley 32130 — norma que limita la duración de medidas restrictivas sin
sentencia—, aprovechó para cuestionar su legitimidad y acusar al Congreso de poner en riesgo la “tutela judicial efectiva”. En el fondo, Carhuancho no acató la norma: la señaló como amenaza. Pero esa ley, como otras similares validadas por la Corte Suprema, fue creada para frenar justamente los abusos del sistema de justicia: medidas desproporcionadas, restricciones perpetuas y prisiones preventivas usadas como castigo anticipado. La Corte, al limitar el uso del **control difuso**, no le quitó independencia a los jueces, sino que acotó su margen para imponer criterios personales por encima de la ley.
Lo que dejó entrever el magistrado fue algo más profundo: una postura que judicializa la política y confronta abiertamente al legislador y a sus superiores. Su discurso, cargado de ironía y lamentos calculados, no fue una lectura técnica, sino una defensa de un modelo autoritario de justicia que hoy está siendo corregido. Carhuancho no solo se desmarca: lanza una advertencia disfrazada de obediencia.
DATOS: Carhuancho y la figura ilegal de la “custodia del INPE” En enero de 2023, la OCMA sancionó al juez Richard Concepción Carhuancho por mantener detenido ilegalmente a Pedro Pérez Miranda, bajo la figura inexistente de “custodia del INPE”, a pesar de que los 36 meses de prisión preventiva ya habían vencido. No fue un caso aislado:
Carhuancho ha recurrido a esa figura en múltiples ocasiones, prolongando la privación de libertad de varios procesados sin base legal alguna dejándolos “en custodia del INPE” sin fecha de salida.
