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Propuesta irresponsable: Congresista Málaga plantea eliminar obligatoriedad de la “ley seca” en elecciones 2026

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 Polémico proyecto de ley pretende que la venta de alcohol
sea libre abriendo la puerta a situaciones de desorden público.
 La norma le tira la responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual prohibiría venta de bebidas alcohólicas en ciertos lugares solo si lo considera necesario.
 Iniciativa ha recibido una lluvia de críticas y califican al
parlamentario de populista y de estar viviendo “una realidad paralela”.

El congresista Edward Málaga ha presentado un polémico proyecto de ley que propone eliminar la obligatoriedad de la conocida “ley seca” durante
los comicios generales. La iniciativa busca modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones para que la restricción de venta de bebidas alcohólicas no sea automática, sino que quede a criterio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según las circunstancias de cada proceso.
Además, el proyecto contempla cambiar el artículo 191 de la misma norma para permitir la difusión de encuestas electorales hasta 24 horas antes del
día de votación, lo cual modificaría sustancialmente el actual plazo deprohibición, que comienza siete días antes de las elecciones. Según Málaga, estas modificaciones pretenden “modernizar” la legislación electoral y mitigar restricciones que afectan tanto a la libertad de información como a la actividad económica.
El argumento central del congresista se basa enlos efectos negativos que la “ley seca” genera sobre pequeños negocios como bodegas, restaurantes y
bares, los cuales deben cerrar o restringir operaciones durante 48 horas.
En paralelo, una propuesta similar del congresista Alejandro Soto (APP) plantea reducir ese periodo a 28 horas, considerando que la norma vigente carece de justificación técnica y perjudica injustamente a miles de comerciantes.
Actualmente, la “ley seca” se aplica desde las 8 a.m. del día anterior
hasta las 8 a.m. del día siguiente a los comicios, con sanciones que puedeincluir multas mayores a 3,000 soles y hasta seis meses de prisión. La medida, según sus defensores, busca garantizar un entorno cívico adecuado y evitar el consumo de alcohol que podría alterar el orden público o el comportamiento del elector.
La propuesta de Málaga ha generado preocupación en sectores que advierten sobre el riesgo de debilitar mecanismos clave para preservar el carácter responsable y transparente de las jornadas electorales.
Desde ya, se anticipa un debate intenso en el Congreso y la opinión pública
sobre si flexibilizar estas reglas favorece la participación democrática o abre la puerta a escenarios de descontrol.