El proceso judicial contra el ex presidente Pedro Castillo evidencia sesgos y contradicciones, mientras se ignora el contexto de persecución sistemática contra líderes populares.
Pedro Castillo, llegó a la presidencia contra todo pronóstico, enfrenta un juicio marcado por irregularidades y parcialidad. Desde su detención en diciembre de 2022, el ex mandatario ha denunciado repetidamente que las acusaciones de rebelión y abuso de autoridad responden a una estrategia para criminalizar a los líderes que desafían el poder tradicional. Las últimas audiencias han dejado en evidencia graves problemas en el proceso, particularmente en la conducta de la jueza Norma Carbajal, cuya objetividad es cuestionada incluso por observadores jurídicos independientes.
Un Proceso Viciado Desde el Inicio
«El señor todos los días lee el artículo y se me acusa de dos delitos más. Siempre se me ha querido amordazar por querer decir la verdad», declaró Pedro Castillo durante la audiencia. Sus palabras reflejan la realidad de un juicio donde, curiosamente, no se ha presentado evidencia concreta de violencia o armamento que justifique la grave acusación de rebelión.
El mismo Castillo lo señaló con ironía: «Ni siquiera había un cortador de uñas en mi mesa». Esta afirmación pone en duda la narrativa oficial sobre un supuesto «alzamiento en armas». Expertos constitucionalistas han señalado que las acciones de Castillo aquel 7 de diciembre podrían interpretarse como un error político, pero difícilmente como un delito penal.
La Jueza Carbajal y la Sombra de la Parcialidad
La solicitud de recusación presentada por la defensa de Betssy Chávez expone un patrón preocupante. «Desde el inicio del juicio se ha notado una conducta parcializada por parte de la doctora Carbajal», afirmó el abogado Raúl Noblecilla. Esta denuncia no es un simple recurso defensivo: observadores internacionales han registrado cómo en múltiples oportunidades la magistrada ha limitado el derecho a defensa mientras da amplio margen a los fiscales.
Castillo anunció que llevará el caso ante la Junta Nacional de Justicia, un paso necesario para preservar lo que queda de imparcialidad en el proceso. La comunidad jurídica recuerda que este no es el primer caso donde se cuestiona la independencia judicial frente a políticos populares.
El Legado de un Presidente
Mientras enfrenta este juicio político, Castillo mantiene su conexión con las luchas populares. Su reciente homenaje a José «Pepe» Mujica – «un luchador que nunca claudicó» – refleja su propia trayectoria. Como Mujica, Castillo representa esa izquierda que busca gobernar «con los pobres, no para los pobres», según la frase que citó en su emotivo mensaje.
El mensaje es claro: más allá de los tribunales, la figura de Castillo sigue representando las aspiraciones de esos peruanos históricamente excluidos que por primera vez se vieron reflejados en el Palacio de Gobierno. Su caso no es solo legal, sino profundamente político, y su resolución marcará un precedente sobre quiénes tienen derecho a participar en la democracia peruana.
Un Juicio que Juzga Más que a un Hombre
Lo que está en juego en este proceso no es solo la libertad de un ex presidente, sino el derecho de las mayorías populares a tener representación política sin ser criminalizadas por ello. Las irregularidades del caso – desde la dudosa tipificación del delito hasta la conducta judicial cuestionable – revelan que el sistema protege sus privilegios cuando se siente amenazado.
Castillo, con sus errores y aciertos, encarnó un proyecto político que desafió el orden establecido. Por eso lo juzgan con tanto rigor, mientras otros presidentes cuyos gobiernos dejaron muertos y corruptos gozan de impunidad. El pueblo peruano, especialmente esos millones de pobres y campesinos que lo llevaron al poder, no olvidará esta lección sobre cómo el poder real trata a quienes osan desafiarlo.
