Inspectoría PNP investiga a 10 agentes por irregularidades que permitieron liberar a “Cuchillo”, acusado del crimen de 13 personas en Pataz.
La Inspectoría General de la Policía Nacional investiga a un alférez y nueve suboficiales por presuntas faltas graves cometidas durante la detención de Miguel Rodríguez, alias “Cuchillo”, señalado por las autoridades como organizador del secuestro y asesinato de 13 trabajadores de seguridad en Pataz, La Libertad. El operativo fue en Casma, Áncash, donde se incautaron armas y explosivos. Sin embargo, “Cuchillo” fue liberado en menos de 48 horas por presuntas manipulaciones que dejaron las pruebas inservibles.
Operativo irregular en Casma
El 16 de diciembre de 2023, la Policía detuvo a Miguel Rodríguez y a cinco personas más —entre ellas, dos menores de edad— durante un patrullaje motorizado en el asentamiento humano Luis Prado. Rodríguez se desplazaba en caravana con tres camionetas. En la Hilux que conducía se encontró un revólver calibre 38 con cinco municiones sin percutar, oculto bajo el asiento del copiloto.
Una adolescente de 16 años, que lo acompañaba, aseguró que había hallado el arma en una calle cercana a un banco. Fue derivada a la Fiscalía de Familia.
Armas inutilizadas, libertad inmediata
Los policías también incautaron una granada de guerra. Pero cuando los peritos de Criminalística abrieron el sobre con el revólver, el arma ya no tenía aguja percutora. La Fiscalía recibió los elementos inoperativos, lo que debilitó gravemente el caso. El fiscal Edwin Ramos Herrera ordenó liberar a “Cuchillo” por “ausencia de elementos de convicción”.
La Inspectoría PNP considera que las pruebas fueron manipuladas. Según la investigación preliminar, los policías habrían actuado de forma intencional para favorecer al detenido.
Diez agentes bajo investigación
Los investigados son el alférez Cosme Sotomayor Sánchez y los suboficiales Pablo Braco Reyes, Ernesto Quijano Rosales, Víctor Aquino Rosales, Diego Vega Sernaqué, Frank Manrique Romero, Elden Rodríguez Medina, Edson Rodríguez Vergara, Roger Quijano Bedón y Luis Ramírez Lloclla. Todos formaban parte del Departamento de Apoyo Judicial de la comisaría de Casma.
La Inspectoría abrió un proceso disciplinario contra ellos por presuntas faltas graves, tras su responsabilidad directa en una detención que terminó en la liberación del principal sospechoso del crimen múltiple de Pataz.
El caso revela serias fallas —y posibles actos deliberados— en la actuación policial, en un contexto marcado por la violencia minera ilegal y el poder creciente de bandas armadas en el norte del país.
