Vocero del Ministerio Público critica que norma no combate crimen organizado y viola tratados internacionales. «Solo 2% de delitos son cometidos por menores», señala.
El Ministerio Público anunció que estudia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que declara penalmente imputables a adolescentes desde los 16 años. Víctor Cubas, vocero institucional de la Fiscalía, afirmó que esta medida -promulgada el último sábado por el gobierno de Dina Boluarte- no ataca las causas reales de la criminalidad y viola estándares internacionales de protección a menores. La norma, que modifica el Código Penal, permitirá juzgar como adultos a jóvenes de 16 y 17 años por delitos graves como asesinato, violación sexual y extorsión, pero según Cubas, solo profundizará el problema al exponerlos a las redes criminales en las cárceles.
Los argumentos de la Fiscalía contra la ley
Víctor Cubas fue contundente en sus críticas durante una entrevista en RPP: «Esta norma no contribuye a la lucha contra la criminalidad organizada». El portavoz explicó que el Ministerio Público considera que la ley transgrede la Constitución y tratados internacionales sobre derechos de la niñez.
«Al ingresar a penales, estos adolescentes no se rehabilitarían, sino que se perfeccionarían en el crimen», advirtió Cubas. Señaló que estadísticas de UNICEF muestran que menos del 2% de los delitos en el país son cometidos por menores de edad, lo que cuestiona la efectividad real de la medida.
El vocero sostuvo que la norma refleja la falta de un plan integral del Ejecutivo contra el crimen organizado. «No es sancionando a los menores que se soluciona el problema», insistió, mencionando que los grandes delitos son obra de redes criminales adultas.
Qué cambia con la nueva ley
La Ley 32330, publicada en El Peruano, modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal. Ahora, adolescentes de 16 y 17 años podrán ser juzgados como adultos por:
- Asesinato
- Violación sexual
- Extorsión
- Secuestro
- Tráfico ilícito de drogas
- Otros delitos graves
El gobierno defendió la norma como necesaria para combatir la impunidad, especialmente en casos de sicariato adolescente y violaciones grupales que han conmocionado al país. Sin embargo, la medida ha generado debate entre expertos en justicia juvenil.
Las reacciones y lo que sigue
Organismos internacionales como UNICEF ya habían advertido que bajar la edad de imputabilidad contradice las convenciones sobre derechos del niño. Defensores de derechos humanos coinciden con la Fiscalía en que la medida es populista y no reduce la inseguridad.
Mientras el Ministerio Público prepara su posible demanda ante el Tribunal Constitucional, el gobierno insiste en que la ley disuadirá a las bandas criminales que reclutan menores. El debate seguirá abierto, con dos visiones enfrentadas: quienes creen que es una medida necesaria contra la delincuencia y quienes la ven como una solución simplista que vulnera derechos.
Lo cierto es que, por ahora, la ley está vigente. Su aplicación real y sus efectos en el sistema judicial serán observados de cerca en los próximos meses, mientras las instituciones miden fuerzas en los tribunales. La polémica refleja una discusión más profunda sobre cómo enfrentar la inseguridad sin sacrificar los principios de rehabilitación y protección a la adolescencia.
