Norma contraviene la Convención sobres los Derechos del Niño.
Ley 32330 ignora la evidencia científica en psicología evolutiva y neurociencias: cerebro del adolescente está en desarrollo.
Defensoría del Pueblo insta a fortalecer el sistema de justicia penal juvenil con enfoque terapéutico y no como un castigo.
La Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N°32330, promulgada hoy, que incorpora a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal ordinario. La institución fundamenta su decisión en la incompatibilidad de esta norma con la Constitución, las obligaciones internacionales del Perú y el principio del interés superior del niño.
VULNERACIÓN
CONSTITUCIONAL
Y DERECHOS
FUNDAMENTALES
La Defensoría rechaza categóricamente la ley, como lo expresó en su oficio del 5 de mayo dirigido a la Presidencia. La norma contradice frontalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte del bloque constitucional peruano y define como “niño” a toda persona menor de 18 años.
Este tratado exige a los Estados establecer sistemas de justicia especializados
para menores, distintos al de adultos.
La nueva legislación ignora la evidencia científica en psicología evolutiva y neurociencias que confirma que el cerebro adolescente está en desarrollo. Esto afecta significativamente
su capacidad de control de impulsos, toma de decisiones y evaluación de riesgos.
El artículo 4 de la Constitución Política establece claramente que la comunidad y el Estado deben proteger especialmente a niños y adolescentes, obligación que esta ley desconoce.
RECHAZO UNÁNIME
DE INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS
La ley carece de respaldo técnico y ha sido cuestionada por las principales instituciones del sistema judicial peruano. El Poder Judicial la calificó como “inviable y populista”. Tampoco cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, UNICEF Perú y el Colegio de Abogados de Lima.
Este rechazo generalizado refleja el consenso entre instituciones especializadas sobre los perjuicios que causaría esta medida en los derechos de los adolescentes del país. La ley representa un retroceso significativo en la protección constitucional de los menores y contradice el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
ALTERNATIVAS Y
ACCIONES DEFENSORAS
La Defensoría del Pueblo presentará próximamente la demanda ante el Tribunal
Constitucional, conforme a las facultades que le otorga el numeral 2 del artículo 9 de su Ley Orgánica. La institución actúa en defensa del Estado Constitucional
de Derecho y los derechos fundamentales de los adolescentes peruanos.
Como alternativa, la Defensoría insta a fortalecer el sistema de justicia penal juvenil con enfoque terapéutico establecido en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Este enfoque busca garantizar un tratamiento adecuado para adolescentes que cometen infracciones, con el objetivo de lograr su efectiva reintegración social y familiar. El código actual ya contempla medidas específicas para adolescentes entre 14 y 18 años, respetando
sus derechos y condición especial de desarrollo.
