-¿Qué está pasando en Amazonas que ni la autoridad máxima, Gilmer Horna Corrales, recae en el más absoluto silencio ante graves acusaciones contra Marco Antonio Ibérico Portocarrero, acusado de maltrato familiar, violencia sexual, maltrato familiar, peculado y falsedad ideológica.
El protegido. El escándalo que envuelve a la Dirección Regional Agraria Amazonas se intensifica. Marco Antonio Ibérico Portocarrero, actual director del sector, enfrenta denuncias por violencia sexual, maltrato familiar, peculado y falsedad ideológica. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales permanece en silencio, a pesar de tener conocimiento directo de los hechos, lo que despierta sospechas de protección política al alto funcionario.
La esposa del funcionario, Marcela Tejada Peláez, denunció ante el Centro de Emergencia Mujer de Rodríguez de Mendoza haber sido víctima de violencia familiar en sus formas física, psicológica y sexual. El informe social del caso revela una situación de maltrato sistemático durante trece años. En uno de los episodios más graves, Portocarrero la habría forzado a abandonar un evento social, trasladándola violentamente en su vehículo, donde la insultó, la amenazó de muerte y la agredió sexualmente. A raíz de ello, se solicitaron medidas urgentes de protección.
Según consta en el parte de la Comisaría PNP San Nicolás, el hecho sucedió el 10 de setiembre de 2016, la propia esposa de Marco Antonio Yberico Portocarrero, Marcela Tejada Pelaez (34), denuncio al actual Director de la Dirección Regional Agraria Amazonas por maltrato físico y psicológico, quién relato a la trabajadora social del Centro de Emergencias Mujer de Rodríguez de Mendoza, refiere que desde hace treces años viene siendo víctima de constantes agresiones y hechos de violencia por parte de su esposo. Como lo informó Radio Frecuencia 7 de la ciudad de Amazonas.
Incluso en uno de los episodios relata que un día la tomó del brazo y la condujo a la fuerza hasta su vehículo y la amenazó con arrojarla a un abismo en el caserío de San José. También narró que se encuentra aterrorizada y amenazada y es obligada a mantener relaciones sexuales a la fuerza.
MAS PERLAS DE PORTOCARRERO
A estas acusaciones se suman actos de presunta corrupción y abuso de poder. Dos trabajadores denunciaron haber sido presionados por Portocarrero para pagar una deuda vinculada al restaurante “Elenita”, propiedad de su esposa, bajo el argumento de “compromisos de gestión”. Al negarse, fueron separados de sus cargos de manera arbitraria. Según versiones recogidas, estas medidas buscarían silenciar denuncias sobre sobreprecios y tratos irregulares con proveedores.
Un coordinador, quien acostumbraba a grabar sus reuniones como medida preventiva, habría registrado órdenes directas del director regional para realizar pagos ilícitos y amenazar a quienes se negaran a ejecutarlos. Posteriormente, fue informado de la no renovación de su contrato por “dañar la imagen institucional”.
COLECTIVOS AGRARIOS PIDE BOTEN AL AGRESOR
Diversos colectivos de técnicos y productores agrarios han alzado su voz para exigir al Gobierno Regional de Amazonas la suspensión inmediata de Portocarrero, advirtiendo que su permanencia representa un riesgo para la integridad de los recursos destinados al desarrollo rural. “Un directivo con denuncias por violencia familiar y sexual no puede seguir manejando el presupuesto del sector para el campo”, señalan.
Sin embargo, el gobernador regional a pesar de estar plenamente informado de los hechos se niega a tomar medidas. Esta actitud ha sido interpretada por varios sectores como una forma de encubrimiento institucional, agravando aún más el bochorno que afecta a la administración agraria regional.
