El Gobierno promulga cambios que buscan corregir excesos en la aplicación de esta herramienta legal, garantizando tanto la lucha anticorrupción como los justicia equilibrada.
Modernización necesaria para una justicia justa
El Ejecutivo promulgó la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, una modificación que actualiza esta importante herramienta legal. Los cambios buscan equilibrar la eficacia contra el crimen organizado con el respeto a derechos fundamentales.
La norma, publicada en El Peruano, fue aprobada por el Congreso tras un amplio debate. Corrige distorsiones del sistema actual que han llevado a abusos en su aplicación, afectando a ciudadanos sin sentencia firme.
Corrección de excesos, no debilitamiento
Contrario a las críticas infundadas, la reforma no elimina esta herramienta clave. Más bien la fortalece al establecer criterios más precisos para su aplicación, evitando arbitrariedades.
El Ministerio de Justicia emitió advertencias genéricas, pero no presentó estudios técnicos que demuestren cómo exactamente se vería afectada la lucha anticorrupción. Sus argumentos se basaron en supuestos más que en datos concretos.
Protección de derechos fundamentales
La modificación introduce salvaguardas importantes:
- Mayor precisión en los criterios de aplicación
- Respeto al debido proceso
- Mecanismos para evitar embargos arbitrarios
- Garantías para afectados sin sentencia firme
Estos cambios alinean la norma con estándares internacionales de derechos humanos, sin sacrificar su eficacia contra el crimen organizado.
Balance incierto para la política anticorrupción
La promulgación anticipada -antes del plazo límite- cierra temporalmente el debate, pero inicia un conflicto institucional. Mientras la Fiscalía recurre a tribunales, persisten dudas sobre el impacto en casos emblemáticos de crimen organizado.
Expertos anticipan que el cambio normativo podría ralentizar procesos de decomiso y afectar la recuperación de activos. El desafío ahora es equilibrar garantías procesales con herramientas eficaces contra economías ilícitas.
Mirko Cano: Ejemplo de lo que debe cambiar
Las críticas del fiscal Cano revelan precisamente los problemas que motivaron la reforma. Su gestión al frente de la Extinción de Dominio ha sido cuestionada por:
- Aplicación arbitraria de la norma
- Afectación a derechos fundamentales
- Resistencia a controles y balances
La reforma busca precisamente evitar estos excesos, demostrando que es posible combatir el crimen sin sacrificar el Estado de Derecho.
Un equilibrio necesario para la justicia peruana
La reciente modificación a la ley de Extinción de Dominio establece un balance fundamental para nuestro sistema judicial. Esta reforma no solo mantiene intacta la capacidad del Estado para recuperar bienes de origen ilícito, sino que introduce mejoras sustanciales en su aplicación. Al establecer criterios más precisos, garantiza que esta potente herramienta se utilice con mayor eficiencia y respeto a los principios constitucionales.
Hacia una aplicación más técnica y justa
La nueva normativa promueve un enfoque más profesional en el uso de esta figura legal, reduciendo el margen para interpretaciones discrecionales que generaban desigualdad en su aplicación. Además, armoniza nuestra legislación con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha suscrito, fortaleciendo nuestra posición en el concierto de naciones.
Los desafíos de implementación
El éxito de esta reforma dependerá en gran medida del proceso de implementación que ahora inicia. Será crucial capacitar adecuadamente a los operadores judiciales para asegurar una correcta aplicación de los nuevos criterios. Los protocolos de actuación deberán ajustarse para reflejar este nuevo enfoque, mientras que los mecanismos de seguimiento permitirán evaluar periódicamente los resultados obtenidos.
Esta modificación legislativa no debe verse como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa para nuestro sistema de justicia. Una etapa donde la eficacia en el combate al crimen organizado camine de la mano con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. La experiencia demuestra que es perfectamente posible lograr ambos objetivos simultáneamente, fortaleciendo así la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
