Junta Nacional de Justicia cuestiona procedimientos fallidos del Ministerio Público.
Comisión de Procedimientos Disciplinarios no se anduvo con rodeos al solicitar un informe detallado sobre las diligencias fiscales realizadas antes y después del operativo del 23 de abril.
La Junta Nacional de Justicia ha puesto en jaque a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al exigir explicaciones sobre la cuestionada liberación de 16 ciudadanos venezolanos capturados en el “búnker” de Ate.
Este nuevo paso de la JNJ evidencia las graves deficiencias operativas bajo la gestión de Espinoza y la incapacidad del Ministerio Público para coordinar acciones efectivas contra el crimen organizado.
JNJ APRIETA EL CERCO
CONTRA INEFICIENCIA
FISCAL
La Comisión de Procedimientos Disciplinarios no se anduvo con rodeos al solicitar un informe detallado sobre las diligencias fiscales realizadas antes y después del operativo del 23 de abril. La ausencia del Ministerio Público durante la intervención policial revela un patrón preocupante de descoordinación institucional que beneficia directamente a presuntos
criminales.
“El requerimiento incluye precisiones documentadas sobre la base legal de dicha liberación, así como el estado actual de las investigaciones, medidas cautelares adoptadas y cualquier otro elemento que permita evaluar la actuación fiscal con objetividad”, señaló la JNJ en su comunicado, marcando un precedente de supervisión ante la negligencia fiscal.
Esta acción fiscalizadora surge frente a la evidente omisión de procedimientos investigativos fundamentales. El Ministerio Público, bajo la
dirección de Espinoza, dejó escapar una oportunidad crucial para desarticular una presunta organización criminal, debilitando así la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
OPERATIVO POLICIAL
SIN RESPALDO FISCAL
Los vecinos de Ate denunciaron reiteradamente actividades ilícitas en el inmueble de seis pisos. La PNP respondió con un operativo que resultó en el hallazgo de un revólver, municiones y drogas. Sin embargo, la ausencia de fiscales durante la intervención sirvió como excusa perfecta para la posterior liberación de todos los detenidos.
La fiscal Jessica Gomero intentó justificar este fracaso procesal alegando que “la intervención fiscal es indispensable para garantizar la legalidad y eficacia de este tipo de procedimientos”. Esta declaración no hace más que evidenciar la desarticulación entre instituciones bajo el mando de Espinoza. La JNJ, cumpliendo su rol constitucional de supervisión, ha tomado la iniciativa frente a esta cadena de irregularidades.
Su intervención busca no solo aclarar responsabilidades sino también fortalecer una institucionalidad judicial que se deteriora progresivamente ante la inacción de sus principales autoridades.
