El Ejecutivo autoriza a revisar celulares incautados en cárceles y anuncia que empresas privadas vigilarán accesos en penales.
En medio de la emergencia penitenciaria, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los agentes del INPE revisar, dentro de los penales, el contenido de los celulares incautados. La medida busca enfrentar los delitos que se planifican desde las cárceles, como el sicariato, la extorsión y los secuestros. Además, el Ejecutivo anunció que privatizará el control de ingresos y salidas en los penales más peligrosos, por lo que se oficializada la medida en los próximos días.
La intervención de los celulares será con autorización del fiscal, en casos de flagrancia o para esclarecer un delito. Se modificará el Nuevo Código Procesal Penal para que estas revisiones ocurran directamente en el penal. A la par, se incorpora el artículo 37-C al Código de Ejecución Penal, que establece que el procedimiento debe seguir un protocolo oficial y garantizar la confidencialidad de las investigaciones.
Estas medidas forman parte de una estrategia que, según el gobierno, responde a las deficiencias en el sistema penitenciario y alinea con la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y el plan de reestructuración del INPE.
Vigilancia privada en penales
El ministro Eduardo Arana también anunció que el gobierno de Dina Boluarte implementará la privatización de la seguridad en los penales. “Vamos a poner en valor esta iniciativa y en los próximos días se aprobará un decreto de urgencia que abrirá la puerta a la inversión privada”, declaró.
El ministro explicó que, aunque la custodia de los internos seguirá en manos del Estado, la vigilancia de accesos y salidas estará a cargo del sector privado. Dijo que aplicaron esta medida primero en los penales con mayores riesgos y fallas de control. “Como el INPE no lo puede hacer y hemos estado más de 10 años en que no funcionan los bodyscans, el sistema de rayos X, vamos a poner también en valor”, señaló.
Además, Arana señalo que la actividad será sometida a un concurso público. “Esta actividad va a formar parte de un concurso para que la empresa privada pueda apoyarnos en este trabajo”, indicó. La decisión llega después de la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, hecho que el Ejecutivo toma como evidencia de un sistema penitenciario desbordado y sin control operativo.
