El Congreso archivó la inhabilitación política del expresidente Francisco Sagasti, pero aprobó una acusación constitucional por presunto abuso de autoridad durante su gobierno de transición.
El Pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional contra Francisco Sagasti por el retiro de 19 altos mandos policiales en 2020. Sin embargo, rechazó inhabilitarlo por 10 años. El caso ahora pasa a la Fiscalía, mientras crece el debate sobre el uso de facultades presidenciales.
Votación con resultados mixtos
Con 60 votos a favor, el Congreso declaró fundada la acusación por presunto abuso de autoridad. Pero la inhabilitación fracasó al obtener solo 61 votos de los 66 necesarios.
El expediente será remitido al Ministerio Público. Allí se investigará si Sagasti cometió infracciones al retirar a tres tenientes generales y 16 generales de la PNP en noviembre de 2020.
Críticas desde el hemiciclo
El congresista Edwin Martínez (Renovación Popular) fue contundente: «Sagasti removió a oficiales meritocráticos para imponer a alguien de su confianza».
José Cueto (Honor y Democracia) añadió: «Las instituciones no son mercados para que los presidentes hagan lo que quieran».
Sin embargo, Roberto Sánchez (Perú Libre) relativizó: «Alan García hizo lo mismo en su primer gobierno sin tanto escándalo».
La defensa de Sagasti
El expresidente calificó la acusación de «inconstitucional y arbitraria». Aseguró que el 75% de los oficiales investigados tenían procesos por corrupción o violaciones de derechos humanos.
Explicó que usó un procedimiento extraordinario, contemplado en la ley, para renovar el alto mando policial. «Fue una decisión necesaria para limpiar la institución», sostuvo.
Entre lo legal y lo político
El caso revela tres aspectos clave:
- La delgada línea entre facultades presidenciales y abuso de autoridad
- La politización de las decisiones sobre las FF.AA. y PNP
- Los diferentes estándares aplicados a gobiernos de distintos signos políticos
Sagasti, quien llegó a la presidencia en una crisis institucional, ahora enfrenta las consecuencias de una decisión que, aunque legal, generó malestar en sectores policiales.
La Fiscalía deberá determinar si hubo delito. Mientras tanto:
- Sagasti mantiene sus derechos políticos
- El debate sobre injerencia en las FF.AA. sigue abierto
- El caso podría sentar precedente para futuros gobiernos
La justicia tendrá la última palabra, pero el mensaje político ya está dado: incluso los gobiernos de transición deben responder por sus actos.
