Congresista impulsa proyecto para reabrir el emblemático penal Frontón, cerrado hace 38 años, como solución a la crisis del sistema penitenciario peruano.
Un nuevo proyecto legislativo busca reactivar el penal San Juan Bautista ‘El Frontón’ como solución al crítico hacinamiento en las cárceles peruanas. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza por el Progreso) presentó la iniciativa que declara de «necesidad pública» la restauración de este antiguo centro penitenciario ubicado frente al Callao, cerrado desde 1986 tras los sangrientos motines que culminaron con la masacre de más de 100 internos.
¿Quiénes serían recluidos en El Frontón?
La propuesta plantea que la prisión isleña albergue específicamente a procesados o condenados por delitos graves como violación sexual, trata de personas, extorsión y secuestro. «Los penales de máxima seguridad se han convertido en coladeros donde los criminales operan con impunidad, incluso celebrando fiestas sin restricciones», fundamenta el documento legislativo. Esta es la quinta iniciativa en el actual periodo parlamentario que busca reutilizar El Frontón, evidenciando la crisis del sistema penitenciario nacional.
Emergencia carcelaria en cifras
El proyecto llega en un contexto donde Perú enfrenta uno de los peores índices de hacinamiento penitenciario en la región. Según la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, existe un promedio de 45 reclusos por cada agente del INPE, cifra que en Lurigancho -con 10,000 internos para una capacidad de 1,800- llega a 49 presos por custodio. «Sin resocialización, los internos saldrán peor de lo que entraron», advirtió la exautoridad, destacando que la mayoría recuperará su libertad en menos de una década.
La polémica iniciativa reabre el debate sobre soluciones extremas para la crisis carcelaria, mientras organizaciones de derechos humanos recuerdan el oscuro historial de El Frontón durante el conflicto interno. El legislador sostiene que su propuesta incluirá «todas las garantías constitucionales», aunque especialistas cuestionan la viabilidad logística y humana de operar una prisión en condiciones de aislamiento extremo. El proyecto pasará a comisiones para su evaluación, en medio de un sistema penitenciario que supera el 300% de sobrepoblación.
