SENADORES ACUSAN al gobierno de violar normas legales y desviar recursos públicos al facilitar traslado de la exprimera dama peruana condenada por corrupción.
El Congreso de Brasil enfrenta una tormenta política tras la presentación de una moción de censura contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motivada por el asilo diplomático otorgado a Nadine Heredia, exprimera dama del Perú. Heredia, recientemente condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, fue trasladada desde Lima hasta Brasilia en una
aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), generando fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad del acto.
La moción, impulsada por el senador opositor Magno Malta y reforzada por un pedido de auditoría de conformidad liderado por el senador Flávio Bolsonaro, denuncia un posible desvío de funciones diplomáticas con fines políticos.
Ambos legisladores acusan al gobierno de Lula de proteger a aliados ideológicos implicados en casos de corrupción y de haber ejecutado el traslado en un tiempo récord, sin cumplir con los requisitos legales que rigen la concesión de asilos territoriales.
Según el requerimiento presentado ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el uso de la aeronave militar no habría sido justificado debidamente ni se habría demostrado
una emergencia real que impidiera el uso de medios comerciales. Además, se advierte que el caso de Heredia no reúne las condiciones para ser considerado persecución política,
pues fue condenada con pruebas por un delito común.
La periodista brasileña Malu Gaspar, en una columna del diario O Globo, señaló que la conexión entre Heredia, Ollanta Humala y Odebrecht se remonta a 2011, cuando la constructora brasileña habría entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial por orden del propio Lula. Esta versión ha sido citada por senadores opositores como evidencia de un “pacto de impunidad transnacional”.
Desde la Cancillería brasileña, el ministro Mauro Vieira justificó el asilo alegando razones humanitarias, indicando que Heredia sufre una dolencia en la columna y que su hijo menor quedaría desprotegido ante la posible detención simultánea de ambos padres. Sin embargo, los opositores aseguran que se trató de un acto orquestado con rapidez inusual, vulnerando la soberanía judicialperuana y las normas internas sobre asilo.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado ya solicitó una auditoría oficial para determinar si hubo malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o violación de principios como la legalidad, moralidad y transparencia. De hallarse irregularidades, los senadores han adelantado que exigirán responsabilidades políticas y penales a los funcionarios involucrados.
