Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial dio un promedio de 15 días para que inicie el juicio contra la exalcaldesa de Lima. Fiscalía deberá subsanar parte de la acusación en plazo de cinco días.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, está a un paso de enfrentar juicio oral por las presuntas coimas recibidas en el caso Rutas de Lima, tras la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial que ordena a la Fiscalía subsanar la acusación contra el exfuncionario Domingo Arzubialde y la empresa Walter Thompson Peruana para establecer la fecha definitiva del proceso judicial.
Con esta decisión, se prevé que en aproximadamente 15 días se dé inicio al juicio que determinará la responsabilidad de Villarán en uno de los casos de corrupción más relevantes vinculados a las constructoras brasileñas en Perú.
El plazo otorgado a la Fiscalía para subsanar la acusación contra Arzubialde y Walter Thompson Peruana es de cinco días naturales, mientras que el Juzgado de Investigación Preparatoria tendrá un máximo de ocho días hábiles para revisar dicha corrección y, en la misma fecha, remitir el expediente al Juzgado Penal Colegiado para iniciar formalmente el juicio oral.
Es importante destacar que la subsanación debe realizarse única y exclusivamente respecto a estos dos procesados, ya que el resto de la acusación ha sido declarada conforme.
«Se declaran infundados los recursos interpuestos por la defensa técnica de los acusados Freddy Jesús Chirinos Castro, Jorge Antonio Torres Padilla, la persona jurídica Rutas de Lima S.A.C., la persona jurídica Momentum Ogilvy & Mather S.A.C. y Mindshare Perú S.A.C. (…) Disponer la inmediata devolución del presente incidente, a fin de que el juez de la investigación preparatoria de la causa solicite los actuados al juez de juzgamiento, requiera al representante del Ministerio Público la respectiva subsanación, convoque a una audiencia de subsanación de la imputación y emita la resolución correspondiente conforme a las normas del Código Procesal Penal», señala la resolución judicial.
En paralelo al avance procesal, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, en colaboración con la Procuraduría Pública Especializada en dicha materia, realizó en noviembre del 2024 la incautación de una oficina y un estacionamiento doble situados en la urbanización Chacarilla del Estanque, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Esta acción forma parte del proceso de extinción de dominio en la investigación que relaciona a Villarán con las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
Las propiedades confiscadas, con un valor estimado de S/907.984, fueron adquiridas por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., perteneciente a César Simón Meiggs Rojas. A pesar de estar inscritas a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo, las autoridades sospechan que estos inmuebles sirvieron como vehículos para encubrir el movimiento de capitales de procedencia ilícita, vinculados a delitos contra la administración pública.
La investigación patrimonial determinó que los fondos utilizados para la compra de estos inmuebles provendrían de actos de corrupción, resultado de un acuerdo irregular entre Susana Villarán y las citadas compañías brasileñas. Este pacto ilícito habría tenido como finalidad financiar la campaña de reelección de la entonces alcaldesa durante los comicios municipales y regionales del año 2014, evidenciando una vez más cómo las estructuras de poder político se entrelazan con intereses empresariales en perjuicio de la gestión pública.
