La justicia peruana emitió una orden de captura contra la progresista tras su inasistencia al juicio por pisar el emblema nacional durante una protesta. La Fiscalía exige prisión, multa y reparación civil, mientras ella evade el proceso desde Europa.
La controversia en torno a Leonor Estrada Francke ha escalado tras la orden de captura nacional dictada por el Poder Judicial peruano. Acusada de ultrajar la bandera del Perú durante una protesta contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023, Estrada Francke no solo evadió el proceso judicial, sino que optó por refugiarse en Europa, donde actualmente trabaja en el Conservatorio Real de Escocia. Mientras la Fiscalía exige una condena ejemplar, su actitud de desdén hacia las instituciones peruanas —y su intento de minimizar el daño simbólico— revelan un patrón de impunidad y desconexión con el país al que dice defender.
El caso de Estrada Francke trasciende el mero acto vandálico: es un símbolo de la doble moral de ciertos sectores progresistas que, bajo la bandera de la «lucha social», cometen agresiones intolerables y luego se escudan en discursos victimistas. Pisar la bandera —un emblema que representa a 33 millones de peruanos— no es una «protesta legítima», sino un acto de desprecio a la nación. Peor aún fue su huida a Europa, donde ahora alega temor a una persecución, pese a que fue la Fiscalía —no el gobierno— quien impulsó el proceso.
Su defensa, que insiste en que solo ofendió a «un personaje» y no al símbolo patrio, es risible: las imágenes muestran claramente su acción deliberada. Además, su vinculación con ONG internacionales —que podrían intentar presentarla como «perseguida política»— refleja una estrategia calculada para eludir responsabilidades. Mientras el Perú enfrenta crisis sociales, figuras como Estrada Francke exportan una narrativa distorsionada, ignorando que la democracia exige respeto incluso al disentir.
La orden de captura contra Estrada Francke es un recordatorio de que los símbolos patrios merecen protección legal. Su caso debería servir para reflexionar sobre los límites de la protesta y la obligación de asumir consecuencias. Si realmente creyera en la justicia social, no habría evadido la justicia peruana.
