Críticas legales y políticas rodean caso de asilo otorgado a ex primera dama
La salida de la ex primera dama Nadine Heredia hacia Brasil mediante un salvoconducto otorgado por el gobierno de Dina Boluarte ha generado intenso debate político y jurídico, considerando que Heredia fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, deberá brindar explicaciones sobre esta controversial decisión ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
La madrugada del miércoles 16 de abril, Heredia Alarcón abandonó territorio peruano rumbo a Brasil, gracias a un salvoconducto concedido horas antes por el gobierno actual. Esta acción desencadenó fuertes cuestionamientos en diversos sectores, pues se trata de una persona con condena vigente por delitos relacionados con aportes ilícitos recibidos para las campañas del Partido Nacionalista.
Inicialmente se contempló que el canciller Schialer compareciera ante el Pleno del Congreso, pero finalmente la Junta de Portavoces determinó que rinda cuentas ante la Comisión de Relaciones Exteriores. «Acabamos de recibir en Oficialía Mayor la solicitud del Gobierno para que el señor canciller Schialer venga al Congreso y explique al Pleno las razones jurídicas y políticas que han determinado el otorgamiento del asilo», manifestó Eduardo Salhuana, presidente del Congreso.
Este caso ha revitalizado el debate sobre los límites del derecho internacional en materia de asilo. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual tanto Perú como Brasil son signatarios, prohíbe conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes, salvo que existan pruebas claras de persecución política.
