La Fiscalía sostiene -sin mayor fundamento- que la reforma a la ley de extinción de dominio «debilita» la recuperación de bienes ilícitos y amenaza una posible demanda ante el Tribunal Constitucional si la norma es promulgada, a pesar de no haber aplicado dicha norma contra grandes empresas.
En una clara muestra de desesperación, con manotazos de ahogado el Ministerio Público advirtió que pondrán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el Poder Ejecutivo promulgue la reciente modificación a la ley de extinción de dominio, aprobada por el Congreso en segunda votación.
Modificatoria a la extinción de dominio
Esta justa normativa fue propuesta e impulsada por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), y busca cambios significativos al proceso en donde el Estado recupere bienes relacionados a delitos como corrupción y narcotráfico.
La nueva ley establece que la extinción de dominio se podrá aplicar solo una vez exista una sentencia firme y consentida, y que la acción prescribirá cinco años después de emitido dicho fallo.
Esto permite que la extinción de dominio no se use como herramienta de coacción (chantaje) a los investigados ni se use para perseguir a actores políticos incómodos al establishment. Por ejemplo, el neurocirujano Vladimir Cerrón ha sido objeto de lawfare con la extinción de dominio siendo víctima de un acoso obsesivo de parte de la Fiscalía.
Ministerio Público y Poder Judicial hacen su pataleta
Las instituciones de este pútrido sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han manifestado su oposición a esta reforma, debido a que golpearía a su máquinita de hacer millones.
Estas instituciones habrían usado la extinción de dominio de modo abusivo, para obtener beneficios ilícitos y perseguir a opositores políticos y líderes sociales.
Además, en el máximo del absurdo, el MP y el PJ, a pared, señalaron que la norma puede «perjudicar» investigaciones en curso y «debilitar» mecanismos fundamentales contra el crimen organizado y la corrupción a gran escala, cuando se abstienen de aplicarle la extinción de dominio a grandes empresas como Odebrecht o Graña y Montero.
Ciertamente, para quien ha estado atento a las decisiones de jueces y fiscales, sabe que es irrisorio este argumento de los operadores de la justicia estatal.
Amenazas de la Fiscalía
Como si las instituciones del Estado fueran su chacra, la Fiscalía ha amenazado -sin mayor fundamento y en tono matonezco- que, si la ley es promulgada, ya sea por decisión del Ejecutivo o por insistencia del Congreso, se verá en la «obligación» de recurrir a mecanismos constitucionales.
No obstante, advirtió que la norma tendría efectos inmediatos, lo cual podría poner en «peligro» procesos vigentes de recuperación de bienes, en otras palabras, no podrán quitarle sus bienes a luchadores sociales y políticos incómodos a la gran burguesía financiera ni podrán presuntamente chantajear a investigados. ¿Será que por fin le aplicarán la extinción de dominio a grandes empresarios?
