El Ministerio de Salud evalúa permitir el uso, importación y donación de suero sin aprobación vigente, generando preocupación en el sector y críticas por posibles riesgos para la salud pública.
El Ministerio de Salud (Minsa) enfrenta una nueva polémica tras la revelación de documentos que evidencian su intención de seguir utilizando el suero de Medifarma, cuyo registro sanitario fue suspendido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Además, se analiza la posibilidad de importar sueros sin registro y aceptar donaciones internacionales bajo condiciones mínimas de control.
La principal razón detrás de estas medidas sería evitar un desabastecimiento crítico, ya que Medifarma representa el 70% de la producción nacional de suero. No obstante, la decisión genera inquietud en el sector, pues permitiría el uso de productos sin certificación sanitaria, lo que podría poner en riesgo la salud de los pacientes.
Entre las acciones que evalúa el Minsa destacan tres puntos clave: la autorización para seguir utilizando el suero de Medifarma que ya ha sido producido y actualmente está inmovilizado, la importación de sueros sin registro sanitario de otros países y la aceptación de donaciones internacionales con controles mínimos. En este último caso, los lotes serían sometidos a análisis en laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS), con un presupuesto asignado de 1.2 millones de soles.
Las reacciones no se han hecho esperar. Expertos en salud pública advierten que el uso de medicamentos sin registro sanitario compromete la seguridad de los pacientes y abre la puerta a posibles irregularidades en el control de calidad. Además, se cuestiona la falta de transparencia respecto a las razones que llevaron a la suspensión del registro de Medifarma.
Mientras el debate continúa, la Digemid permanece sin un titular designado, lo que añade incertidumbre sobre las futuras decisiones en materia de regulación farmacéutica. La controversia pone nuevamente en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y garantizar que las políticas de salud pública prioricen la seguridad de la población.
