Medida busca inhabilitar 300.000 números fraudulentos inicialmente y hasta 1.5 millones de dispositivos en una estrategia para cortar comunicaciones delictivas.
La presidenta Dina Boluarte anunció este martes el inicio de un operativo sin precedentes para dar de baja 300.000 líneas móviles identificadas como robadas o clonadas, con el objetivo final de bloquear 1.5 millones de teléfonos usados por organizaciones criminales. La medida, que comenzará a implementarse este miércoles, forma parte del paquete de acciones del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.
«Estamos privando a la delincuencia de sus herramientas de comunicación, especialmente las usadas desde centros penitenciarios para coordinar actos ilícitos», enfatizó la mandataria durante su presentación del balance de seguridad. El mecanismo utilizará el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) para identificar y anular dispositivos con historial delictivo mediante su código IMEI único.
El ministro del Interior, Julio Díaz, precisó que esta campaña busca «neutralizar el instrumento clave para extorsiones, secuestros virtuales y estafas digitales». Las autoridades calculan que el mercado negro de celulares robados mueve más de $20 millones anuales y facilita aproximadamente el 60% de los delitos telemáticos registrados.
La implementación se realizará en tres fases:
1. Bloqueo inmediato de 300.000 líneas ya identificadas
2. Depuración sistemática del Renteseg
3. Activación de protocolos para impedir la reactivación fraudulenta
Organismos de derechos ciudadanos han solicitado mecanismos de apelación para usuarios afectados por posibles errores, a lo que las operadoras respondieron con un plazo de 15 días para reclamos. Mientras tanto, el Poder Judicial recibió el llamado presidencial para aplicar «todo el rigor legal contra estas redes delictivas».
