JURISTA ANDY CARRIÓN CRITICÓ QUE JUEZA SUPREMA JANET TELLO NO DEBATA LOS TEMAS DE FONDO POR APLICAR NORMA DEROGADA
“Podría ser prevaricato”, sostuvo. A pesar de su situación, titular del PJ prefirió viajar a Madrid para asistir a un intrascendente congreso.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un procedimiento disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros cuatro jueces supremos debido a un error grave en una de sus decisiones judiciales, lo que ha desatado una ola de ataques mediáticos de parte de los caviares contra aquel organismo autónomo.
Según el abogado Andy Carrión, la magistrada y sus colegas aplicaron una ley derogada en un fallo reciente, lo que podría derivar en sanciones severas, incluyendo la suspensión o destitución.
En una reciente entrevista, Carrión explicó que la aplicación de una norma sin vigencia es un error inaceptable en la función judicial.
“Es trascendental que las decisiones respondan a la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos. En este caso, los jueces decidieron con base en una norma ya derogada, lo cual es una falta grave que no se puede soslayar”, afirmó.
El procedimiento disciplinario de la JNJ no solo involucra a Tello, sino también a otros cuatro magistrados, entre ellos Ricardo Corrales, actual presidente de la
Corte Superior de Justicia de Junín. Esta indagación ha generado un debate sobre la rigurosidad y el profesionalismo en las resoluciones de la Corte Suprema, así como el impacto que este tipo de errores tiene en la seguridad jurídica del país. Carrión también advirtió que la falta podría encuadrar dentro del delito de prevaricato, tipificado en el Código Penal. “Cuando un juez o fiscal aplica una ley derogada, puede ser investigado y sancionado penalmente. No solo estamos ante una falta disciplinaria, sino ante una posible infracción penal”, señaló.
A pesar de ello, el abogado reconoció que el contexto político puede haber influido en la rápida apertura del proceso disciplinario. Según Carrión, los errores cometidos por funcionarios públicos pueden ser instrumentalizados para abrir investigaciones
en momentos estratégicos.
“La presidenta del Poder Judicial ha sido crítica con el Ejecutivo y el Legislativo, y justo en este contexto se inicia una indagación en su contra”, indicó. Este caso pone en el centro del debate la independencia judicial y la rigurosidad en la toma de decisiones de los magistrados supremos. La JNJ deberá determinar si el error cometido por Tello y los otros jueces amerita sanciones que podrían ir desde una amonestación hasta su eventual destitución del cargo.
Presidenta del Poder Judicial de viaje a Madrid
En medio de los cuestionamientos a su gestión, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, participará los días 19 y 20 de febrero, en Madrid (España), en la Segunda Reunión Preparatoria de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que congregará a representantes de los poderes judiciales y cortes supremas de justicia de los países de Iberoamérica.
En este encuentro previo serán validados los proyectos y documentos finales elaborados por diferentes grupos de trabajo de las naciones participantes, los cuales serán debatidos y aprobados en la Asamblea Plenaria del citado foro, a desarrollarse en el mes de mayo en República Dominicana.
El Poder Judicial de Perú integra, con representantes de otros 13 países, el grupo de trabajo que desarrolla el proyecto “Uso de tecnología en la impartición de justicia, normatividad para impulsar proyectos eficientes, experiencias, mecanismos de monitoreo y buenas prácticas de gestión judicial, ciberseguridad y fortalecimiento de la cultura digital”.
Asimismo, interviene en otro grupo conjuntamente con nueve países, en el proyecto “Gestión penal para delitos de alta complejidad”. Lo cierto es que Tello Gilardi, continúa con el patrón de los caviares, de los viajecitos y asistencias a congresos en los que no se discute nada importante para la administración de la justicia. La Cumbre Judicial Iberoamericana es un foro permanente de diálogo, cooperación, concertación e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los poderes judiciales, lo cual redunda en un mejor servicio de justicia a la ciudadanía de los países de la región iberoamericana.
