El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha ordenado la liberación de Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
Hermoza Ríos, de 90 años, se encontraba cumpliendo una sentencia en prisión por diversos delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y corrupción.
La decisión se tomó luego de que el TC declarara fundada una demanda de habeas corpus interpuesta en favor de Hermoza Ríos, quien padece múltiples enfermedades graves, incluyendo demencia senil y complicaciones derivadas del Parkinson.
Los magistrados, por unanimidad, concluyen que mantener a Hermoza Ríos, quien padece demencia senil desde 2015, vulnera su dignidad humana porque no es consciente porqué está privado de su libertad ni es posible el fin de la pena impuesta, es decir, la resocialización.
Aseguran que, independientemente de que esté libre o recluido, su destino está sellado al «postramiento físico y mental, la incapacidad para desenvolverse en la sociedad, la inocuidad e irrelevancia de sus actos, y seguramente el olvido».
Los tribunos advierten que obligar a un preso que ha perdido el sentido de la realidad no solo atenta contra su dignidad humana, sino que «degrada a la sociedad y su sistema de justicia, pues lo convierte en simple persecutor y castigador».
«Teniendo en cuenta la edad del favorecido, el cumplimiento de la pena casi en su totalidad, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y que los delitos cometidos han sido perseguidos y castigados, la presente demanda debe estimarse», se lee en el fallo.
Del poder militar a la cárcel por crímenes
Como general del Ejército del Perú, fue una de las figuras más poderosas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). Como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñó un rol clave en la lucha contra el terrorismo, consolidando una imagen de autoridad militar inquebrantable. Sin embargo, su caída reveló una compleja red de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Durante su gestión, Hermoza Ríos lideró las acciones militares contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Bajo su mando, se fortaleció el poder de las Fuerzas Armadas, que operaron con amplias libertades y en muchos casos, bajo un manto de impunidad.
Sin embargo, Hermoza también tuvo un rol protagónico en el autogolpe de 1992, respaldando a Fujimori en la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. No obstante, este poder militar tuvo un alto costo, marcado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, como los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
La caída de Hermoza comenzó tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000. Investigaciones posteriores revelaron que había acumulado una fortuna ilícita. En 2005, fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que desvió millonarios fondos del Estado hacia cuentas personales y adquirió lujosas propiedades.
A esta condena se sumaron otros procesos judiciales. En 2010, Hermoza recibió una sentencia de 25 años de prisión por su implicación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, considerados graves violaciones de derechos humanos. El tribunal concluyó que, como jefe militar, tuvo responsabilidad directa en las operaciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó bajo órdenes del régimen.
