Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
Esta semana, Perú se convierte en el epicentro de la economía global con el inicio del foro APEC 2024, un evento que representa una oportunidad histórica. La presencia de líderes de 19 de las 21 economías miembros, junto con delegaciones de hasta 400 empresarios, pone a nuestro país «en los ojos del mundo» y nos ofrece la posibilidad de impulsar la inversión y proyectarnos como un referente en la región para la integración y el desarrollo sostenible. Para el Perú, ser anfitrión de APEC por tercera vez es una prueba de confianza en nuestra capacidad organizativa y en nuestra vocación de cooperación económica regional, pero también es una prueba de nuestra capacidad de brindar seguridad y estabilidad.
Sin embargo, este evento enfrenta un riesgo latente: el paro nacional anunciado para el 13, 14 y 15 de noviembre, días en los que se celebrarán los eventos de APEC en Lima. Este paro, organizado por diversos sectores, se fundamenta en una demanda urgente al gobierno de Dina Boluarte para que combata de manera efectiva la creciente ola de criminalidad en el país. La inseguridad ciudadana, con los alarmantes aumentos en extorsiones, sicariato, secuestros y robos, ha superado ya los límites de tolerancia y amenaza con desestabilizar al Perú en su momento más visible a nivel internacional.
La posibilidad de que APEC sea interrumpida o incluso cancelada sería un golpe devastador no solo para la reputación del país, sino para la economía peruana y sus aspiraciones de atraer nuevas inversiones. Este foro representa una oportunidad única para mostrar al Perú como un socio confiable, y su interrupción enviaría un mensaje negativo a la comunidad internacional.
El gobierno debe actuar de manera rápida y eficaz para restablecer la seguridad y la confianza de la población. La situación se encuentra en un punto crítico: la falta de respuestas contundentes ante la delincuencia, en medio de un evento tan importante, pondría en cuestión la estabilidad del propio gobierno y la sostenibilidad del país. Si no se toman medidas adecuadas, el costo será alto y repercutirá en todos los peruanos.
