PARA EL JUEZ CONCEPCIÓN CARHUANCHO, EL HERMANO DE LA PRESIDENTA PERTENECE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Adelanta juicio en cursos y diplomados, a pesar de prohibirlos la Constitución. Debe inhibirse de caso “Los Waykis en la sombra”
Jueces y fiscales violan la Constitución al dictar clases y recibir pasajes y hoteles para dictar clases en institutos privados
El juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado caracterizado por resolver sus casos con prisiones preventivas que luego son revocadas en otras instancias, ha evidenciado falta de imparcialidad respecto a Nicanor Boluarte, al mostrarlo como parte de una presunta organización de corrupción, durante su exposición en un curso dictado para el Instituto de capacitación Udeapolis.
La conferencia en la que Concepción Carhuancho adelantó opinión sobre el hermano de la presidenta de la República se denominó La administración pública, ética y corrupción en el Perú, como parte del curso Delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de droga y extinción de domingo.
Durante su exposición, el magistrado utilizó diversas diapositivas hasta el minuto 37:57, en donde según el enlace de la conferencia (https:// www.youtube.com/watch?- v=w50dKUGn2WA), se aprecia un corte de edición bastante marcado, en el que se pasa de la primera diapositiva a la tercera de forma intempestiva.
Al ampliarse el video de la grabación del Instituto de capacitación Udealopis se observa que las imágenes omitidas corresponden a las fotografías de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como del abogado y exfiscal Mateo Castañeda y a Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la jefa de Estado.
Al haber presentado una diapositiva con la imagen del investigado Nicanor Boluarte en una de sus clases, con el título de “La corrupción en el sistema de administración de justicia”, denota una clara posición parcializada por parte del magistrado que tiene a cargo la decisión de prisión preventiva contra el también ex viceministro de Transportes.
Juez pidió eliminar imágenes
Cuando se le requirió la grabación completa de la capacitación al instituto, se precisó que el corte en la edición del video se realizó a pedido expreso del mismo magistrado puesto que se filtraban imágenes de índole política.
Es decir, el juez Concepción Carhuancho habría solicitado al área académica de Udeapolis la edición del material. De acuerdo a imágenes del WhatsApp de la conversación sostenida entre el magistrado con el personal de la entidad, y que mostramos en la presente nota, se aprecia que se dirige en los siguientes términos: “Solo para decirle que podría editar el video. Al inicio al min. 49 donde sale la lámina”.
Debe apartarse de “Los Waykis en las sombras”
La situación descrita expresa el incumplimiento de un principio fundamental de la administración de justicia como es la imparcialidad. El pedido del magistrado de retirar las imágenes de la diapositiva se explica porque para el 15 de agosto —fecha de la transmisión de la clases—, la fiscalía ya había presentado el requerimiento de prisión preventiva contra Boluarte Zegarra.
El pedido del Ministerio Público se efectuó el 8 de agosto de 2024 en el marco del caso Los Waykis en las sombras, incidente que es de conocimiento del mismo magistrado Concepción Carhuancho, puesto que ya se había llevado a cabo la primera audiencia el 9 de agosto de 2024, casi una semana antes de su curso.
Viola la Constitución
Además del evidente adelanto de opinión, el juez Concepción Carhuancho también habría violado la Constitución Política del Perú con su participación en cursos, diplomados y otras capacitaciones en instituciones no universitarias. En esta situación también incurren otros jueces y fiscales como el controvertido José Domingo Pérez.
Según el artículo 146 de la Constitución es incompatible la función jurisdiccional con
cualquier otra actividad privada o pública, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Sin embargo, figura como uno de los docentes en dicha entidad no universitaria.
De una revisión digital, el juez Concepción Carhuancho no solo dicta cursos en Udeapolis, sino también en LP (Pasión por el Derecho). El pasado 2 de septiembre participó en el Congreso de Jurisprudencia Penal y Civil, realizado en el Cusco, por las que se cobraba
hasta cien soles (S/ 100) a los participantes.
Pero no solo él infringe la Carta Magna. También el cuestionado fiscal José Domingo Pérez registra conferencias en las ciudades de Chiclayo y Puno, promocionadas por LP. En el caso de la capital lambayecana, la actividad organizada con Asesde y Juristransforma, el
pasado 20 de julio, implicaba un costo de S/ 60.
No serían los únicos casos. Otros magistrados también dictan conferencias o cursos, a pesar de la restricción constitucional, lo que debería ser motivo de preocupación en el Poder Judicial y el Ministerio Público, por cuanto esos viajes y alojamientos, más los viáticos en general, provienen de entes privados que podrían comprometer la independencia e imparcialidad que todo magistrado debe exhibir.
Juez “canero”
Además del evidente adelanto de opinión, el juez Concepción Carhuancho también habría violado la Constitución Política del Perú con su participación en cursos, diplomados y otras capacitaciones en instituciones no universitarias. En esta situación también incurren otros jueces y fiscales como el controvertido José Domingo Pérez.
Según el artículo 146 de la Constitución es incompatible la función jurisdiccional con cualquier otra actividad privada o pública, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Sin embargo, figura como uno de los docentes en dicha entidad no universitaria.
De una revisión digital, el juez Concepción Carhuancho no solo dicta cursos en Udeapolis, sino también en LP (Pasión por el Derecho). El pasado 2 de septiembre participó en el Congreso de Jurisprudencia Penal y Civil, realizado en el Cusco, por las que se cobraba hasta cien soles (S/ 100) a los participantes.
Pero no solo él infringe la Carta Magna. También el cuestionado fiscal José Domingo Pérez registra conferencias en las ciudades de Chiclayo y Puno, promocionadas por LP. En el caso de la capital lambayecana, la actividad organizada con Asesde y Juristransforma, el pasado 20 de julio, implicaba un costo de S/ 60.
No serían los únicos casos. Otros magistrados también dictan conferencias o cursos, a pesar de la restricción constitucional, lo que debería ser motivo de preocupación en el Poder Judicial y el Ministerio Público, por cuanto esos viajes y alojamientos, más los viáticos en general, provienen de entes privados que podrían comprometer la independencia e imparcialidad que todo magistrado debe exhibir.
