En las últimas semanas, la administración de Ángel Manero, actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ha sido objeto de serias críticas por su manejo de los recursos públicos y programas clave para el sector agrícola del país. Diversos documentos filtrados y declaraciones de funcionarios han revelado una preocupante serie de irregularidades en la ejecución de fondos y proyectos de vital importancia para los agricultores y la gestión de los recursos hídricos.
Frente a este panorama de crisis administrativa y estructural, diversos actores del sector agrícola y la sociedad civil han exigido una intervención inmediata para mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La falta de rendición de cuentas por parte del ministro Manero y sus colaboradores directos amenaza con profundizar la desconfianza en las instituciones que deberían velar por el bienestar del campo peruano.
Los agricultores, las comunidades afectadas y la opinión pública esperan respuestas claras y acciones concretas para superar esta crisis, que, de no ser resuelta, podría tener consecuencias a largo plazo para la seguridad alimentaria y el desarrollo del país.
Irregularidades en AGROIDEAS
El programa AGROIDEAS, una iniciativa clave destinada a mejorar la competitividad del sector agrícola, ha sido cuestionado por su opacidad en el manejo de fondos. Según los documentos revisados, se ha detectado un desvío significativo de recursos, con un manejo sospechoso de cheques de gerencia que comprometen el 60% del presupuesto asignado. La falta de transparencia en la distribución de estos fondos ha generado la indignación de los agricultores, quienes ven en esto un obstáculo para el desarrollo sostenible de sus actividades.
Las demandas por una auditoría interna y una revisión exhaustiva de los procedimientos están en aumento, mientras el sector exige una solución inmediata a lo que se perfila como una crisis de confianza y de gestión. En un país que depende profundamente de su agricultura, cualquier mal manejo de los fondos destinados a la mejora del sector tiene consecuencias devastadoras para miles de familias que dependen de estos programas.
Fracaso del proyecto del PGIRH
Otro de los escándalos que envuelve la gestión de Manero se centra en el Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PGIRH), un programa que en sus inicios contó con el financiamiento del Banco Mundial. El PGIRH, concebido para optimizar el uso y conservación de los recursos hídricos del país, ha acumulado una alarmante deuda y su ejecución presupuestal muestra un preocupante estancamiento. Hasta el momento, solo el 90% del proyecto ha sido completado, quedando un 10% crítico por concluir.
Las irregularidades señaladas incluyen el mal manejo de los fondos y un supuesto encubrimiento por parte de Manero y el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Alonzo Zapata. Este proyecto, vital para asegurar el acceso al agua en diversas regiones agrícolas, ha sido uno de los puntos más conflictivos en la gestión del ministro, poniendo en tela de juicio su capacidad para liderar iniciativas tan trascendentales.
Designaciones a dedo
A las acusaciones de mal manejo de fondos se suman serios cuestionamientos sobre las designaciones de alto nivel en el ministerio y en la ANA. Uno de los casos más polémicos es el nombramiento de Eduardo Martín Suárez Zegarra como asesor de la ANA, lo cual ha sido señalado como un posible acto de nepotismo. La falta de transparencia en los procesos de selección de personal, sumado a las sospechas de encubrimientos de investigaciones contra funcionarios de alto nivel, han creado un ambiente de desconfianza en torno a las decisiones de Manero y Zapata.
