Urge fiscalizar a los magistrados: Augusto Lostanau Moscol; «En una democracia nadie tiene corona, menos los jueces y fiscales»
Polémico proyecto de Waldemar Cerrón plantea fiscalización a jueces y fiscales.
Historiador Lostaunau: “El sistema judicial es visto como corrupto e ineficaz por la mayoría de los peruanos”.
Hemos entrevistado al historiador y ex asesor parlamentario, el profesor Augusto Lostaunau Moscol, sobre el proyecto de ley presentado por el segundo vicepresidente del Congreso de la República, Waldemar Cerrón, y la polémica que ha suscitado, yendo más allá de la superficialidad con la que se ha tratado el asunto por los medios hegemónicos.
Diario UNO: En el contexto actual de nuestra nación, se ha intensificado el debate sobre la necesidad de una reforma integral del sistema judicial. ¿Qué opinión tiene sobre el reciente proyecto de ley que propone la creación de una comisión para fiscalizar a jueces y fiscales?
Augusto Lostaunau Moscol: Este proyecto de ley ha catalizado una discusión fundamental sobre la naturaleza y funcionamiento de nuestras instituciones judiciales. La propuesta emerge como respuesta a una creciente demanda social y popular por un sistema de justicia más transparente, eficiente y receptivo a las necesidades de la población, esto es, que se le haga caso a la gente. Sin embargo, es crucial analizar esta iniciativa no como una medida aisla- da, sino como parte de un proceso más amplio de transformación institucional que el Perú requiere urgentemente.
DU: Hablando del principio de independencia judicial, ¿cómo debería interpretarse en el contexto de esta propuesta?
ALM: Si bien es esencial para garantizar decisiones libres de presiones indebidas, no debe interpretarse como un escudo contra la rendición de cuentas o como justificación para el aislamiento del poder judicial de las realidades sociales y económicas que configuran nuestra nación. Como se dice: aquí nadie debe de tener corona, menos los jueces y fiscales que deben ser lo más objetivos e imparciales posible.
DU: Siguiendo ello, ¿qué desafíos enfrenta actualmente el Ministerio Público y el Poder Judicial?
ALM: El Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones centrales en la administración de justicia, han sido objeto de cuestionamientos recurrentes. La percepción generalizada de lentitud procesal, la aparente impunidad en casos de corrupción de alto nivel como en los casos Odebrecht o Cuellos Blancos, pero céleres para otros (caso Vladimir Cerrón, por ejemplo), y la sensación de desconexión con las necesidades jurídicas de los sectores más vulnerables, o en otras palabras: la nula acción de la mayoría de jueces y fiscales para atender al ciudadano de a pie que le han violado a una hija, le han robado su celular, o le extorsionan, y luego ven salir libre al criminal, han erosionado la confianza pública en estas instituciones. Una encuesta de Datum ha mostrado que el 85% de los peruanos desconfía de la Corte Suprema y el 73% del Ministerio Público, calificándolos a ambos como entes corruptos.
DU: Pero, tenemos a la Junta Nacional de Justicia para cumplir la labor de fiscalización. Se objeta que el Congreso estaría “robándole” facultades a la
JNJ. ¿Qué opina de ello?
ALM: La Junta Nacional de Justicia, concebida supuestamente como un mecanismo de control y mejora del sistema judicial, no ha logrado hasta ahora satisfacer plenamente las expectativas depositadas en ella. Más bien todo lo contrario: Favorecen presuntamente a ciertos grupos de poder y a otros los dejan libre de polvo y paja. Ahora bien, no se estaría robando ninguna función, porque una de las funciones del Legislativo es, justamente, la de control político y los jueces y fiscales no están exentos a dicho control de parte del Congreso, porque, repito, nadie tiene corona.
DU: En este contexto, ¿cómo deberíamos enten-
der la propuesta de crear una comisión fiscalizadora?
ALM: La propuesta de crear una comisión fiscalizadora debe entenderse como un intento de abordar estas deficiencias sistémicas. Sin embargo, es imperelativo que su implementación se realice de manera que fortalezca el Estado, vaya más allá de la mera visión liberal y, más bien, sirva al pueblo trabajador, a las grandes mayorías. Los jueces y fiscales no pueden hacer un uso y abuso de sus funciones sino impartir justicia de cara al pueblo.
DU: Sin embargo, se objeta que esta fiscalización judicial es una amenaza a la independencia del PJ, del MP y de la JNJ. ¿Es así?
ALM: Claro que no. La fiscalización judicial no debe percibirse como una amenaza, sino como un paso hacia la modernización y democratización del Estado. Un poder judicial fuerte y respetado es aquel que no teme al escrutinio público, sino que lo acoge como una oportunidad para fortalecer su legitimidad y eficacia: el que nada teme, nada debe.
DU: ¿No cree que debe haber una reforma integral del sistema judicial y qué aspectos fundamentales debería abordar?
ALM: Sí, debe haber una reforma integral y radical
que debe ser parte de un proyecto más amplio de
transformación institucional, esto es, devolverle el poder al pueblo, que es el soberano, por medio de una Asamblea Constituyente con genuina participación popular donde todos, y no solo un pequeño grupo de la sociedad, estemos representados. Es necesario repensar la formación y selección de jueces y fiscales, asegurando que estos no solo posean conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda de las realidades sociales y económicas que moldean
nuestra nación. Incluso, ir mucho más allá: la elección de jueces y fiscales debe ser, bajo requisitos, por elección popular y también revocatoria por votación popular. Debemos abogar por un sistema de justicia que no sea usado como una máquina de hacer millones donde muchos jueces, fiscales, policías, peritos y, también, abogados presuntamente se coluden para exprimir dinero usando a los criminales, esparciendo impunidad. Todo esto la población lo percibe y lo sabe.