Es más, compañía asesorada por excandidata presidencial, que fue declarada en quiebra y perdió sus áreas eriazas, ahora busca cobrarle al Estado.
Esta maniobra, con la que intenta confundir al TC, comprende los terrenos de Agrícola Cerro Prieto, su canal de regadío y la infraestructura hidráulica.
Esta empresa que fue declarada en quiebra y perdió sus tierras eriazas en el norte ahora pretende cobrarle al Estado. Documentos revelan la mala fe de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos, cuya abogada es la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano.
Faenón de tierras
La historia comienza hace más de un siglo, cuando
Aspillaga Anderson Hermanos S.A., compra el año 1859 el fundo Cayalti, y tuvo una breve época de prosperidad.
Luego, fue declarada en quiebra por Auto del Segundo Juzgado Civil de Lima de 8 de noviembre de 1969. El Estado peruano a partir 1949 dicta una serie de leyes para desarrollar la agricultura en el país, leyes que incluían como pena la reversión al Estado de todos los terrenos eriazos abandonados por sus propietarios.
A finales de 1969 se promulga el Decreto Supremo que afecta con fines de Reforma Agraria la totalidad de los fundos de propiedad de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.
Un año después, la escritura pública que traslada a la dirección de Reforma Agraria los predios de Aspillaga Anderson Hermanos S.A, es firmada por el juez de tierras en rebeldía del síndico departamental de quiebras y en ella aparecen que no son expropiados 29,299.24 hectáreas de terrenos eriazos las que se incorporaban al dominio del Estado precisamente por ser terrenos eriazos y abandonados. Es aquí cuando Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pierde todas sus tierras, una expropiadas y pagadas por la Reforma
Agraria y otras por ser eriazas y abandonadas.
Casi 20 años después y como parte de un ordena- miento territorial, en 1989 y 1990, se dictó el Decreto Legislativos 556 y la Ley 25303, leyes de presupuesto para 1990 y 1991 cuyos artículos 410 y 218 respectivamente, contienen la disposición de transferir y no de expropiar a nadie los terrenos eriazos de propiedad del Estado a los organismos de desarrollo de la región norte, jurisdiccional del Tribunal Constitucional le devuelve sus tierras y declara expresamente que Aspillaga Anderson Hermanos que en el juicio que inició en el 2004 y que acabó en el 2009 se excluyó indebidamente a
Agrícola Cerro Prieto, faltó a los principios de la buena fe procesal y presentó documentos registrales incompletos, induciendo a error a todos los magistrados del Tribunal Constitucional.
A partir de ahí Aspillaga Anderson Hermanos, judi- cialmente inicia una serie de maniobras destinadas a quitarle el agua a Agrícola Cerro Prieto (ACP), ya que no le pudo quitar las tierras ahora pretende quitarle el agua. Pide al Tribunal Constitucional que se declare nula la servidumbre de acueducto que le permite llevar agua del canal Talambo-Zaña a sus tierras, perjudicando a todos los usuarios del canal.
A pesar de todo lo que el TC les dice, Aspillaga Anderson Hermanos continúa junto a sus abogados, entre ellos Lourdes Flores Nano (ex candidata presidencial), con sus maniobras legales, y el TC nuevamente el 12 de julio del 2013 vuelve a sentenciar declarando que la indemni-
zación que debe pagarle el y ordenan que se inscriba ese traslado en los registros públicos.
En 1999 el Estado convoca a licitación pública internacional para la compra de 6 mil hectáreas de terrenos eriazos de su propiedad y el año 2000 Agrícola Cerro Prieto S.A gana la licitación pública internacional, firma con el Estado un contrato de compra-venta e inscribe sus derechos en los registros públicos.
Con la garantía y la aprobación del Estado construye con su dinero un canal para llevar agua desde el canal Talambo-Zaña a sus tierras e invierte en siembra para convertir esos eriazos en terrenos agrícolas.
LA MALA FE DE AAH
Es ahora, que después de 35 años de inactividad que Aspillaga Anderson Hermanos S.A despierta y se dedica a que el Estado le devuelva esas 29 mil hectáreas que habían revertido por eriazas y abandonadas, y para ello le inicia al Estado un juicio donde se desinforma a los magistrados haciéndoles creer que había sido expropiada por las leyes de 1989 y 1990, bajo el argumento que no se les había pagado. Dentro de estos terrenos que se reclama estaba todo el terreno propiedad de Agrícola Cerro Prieto, su canal de regadío, la infraestructura hidráulica que le habían permitido irrigar esas hectáreas con una inversión de 100 millones de dólares. En ese juicio Aspillaga Anderson Hermanos S.A. no incluye a la empresa
Agrícola Cerro Prieto y el año 2009 obtiene de la segunda sala del Tribunal Constitucional sentencia favorable que le devuelve todas las hectáreas reclamadas, con lo que se apropia sin haber invertido un sol de toda la tierra que Agrícola Cerro
Prieto compró al Estado con el canal de regadío, la
infraestructura hidráulica y todos los sembríos.
Ese mismo 2009, Agrícola Cerro Prieto se ve obligada a enjuiciar tanto al Estado como a la empresa Aspi- llaga Anderson Hermanos S.A. y el año 2011 el pleno jurisdiccional del TribunalC onstitucional le devuelves us tierras y declara exprepamente que Aspillaga Anderson Hermanos que en el juicio que inició en el 2004 y que acabó en el 2009 se excluyó indebidamente a Agrícola Cerro Prieto, faltó a los principios de la buena fe procesal y presentó documentos registrales incompletos, induciendo a error a todos los magistrados del Tribunal Constitucional.A partir de ahí Aspillaga Anderson Hermanos, judicialmente inicia una serie de maniobras destinadas a quitarle el agua a Agrícola Cerro Prieto (ACP), ya que no le pudo quitar las tierras ahora pretende quitarle el agua. Pide al Tribunal Constitucional que se declare nula la servidumbre de acueducto que le permite llevar agua del canal Talambo-Zaña a sus tierras, perjudicando a todos los usuarios del canal.A pesar de todo lo que el TC les dice, Aspillaga Anderson Hermanos continúa junto a sus abogados, entre ellos Lourdes Flores Nano (excandidata presidencial), con sus maniobras legales, y el TC nuevamente el 12 de julio del 2013 vuelve a sentenciar declarando que la indemnización que debe pagarle el Estado a Aspillaga Anderson Hermanos debe comprender el valor del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre. Es decir, el terreno en donde se encuentra construido el canal de regadío.El 30 de abril de 2014 el TC dispone que debe indemnizarse a Aspillaga Anderson hermanos ampliándose la sentencia del 2013, y ordenando que la indemnización justipreciada comprenderá “el valor de la expropiación del área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad de ACP que se considerará para yso exclusivo de los beneficiarios de la servidumbre y de más derechos reseñados en el fundamento 36c de su sentencia del 2012”.Con posterioridad Aspillaga Anderson Hermanos a oesar de todo lo que se ha dicho insiste en dejar sin agua a Agrícola Cerro Prieto, y aprovechándose que en enero del 2021 en otra sentencia del TC esta dice que el juez es el que debe determinar el tamaño del área a expropiar entre el canal del regadío y la tierra propiedad de Agrícola Cerro Prieto, teniendo en cuenta lo que ordena la sentencia, consigue que la jueza ejecutora del primer juzgado ignorando la orden del TC y amparándose en un informe presentado por As-pillaga Anderson Hermanos y una pericia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,ambos partes interesadas e ignorando el informe de ACP declara que solo debe indemnizarse por la zona por donde está el canal. Es decir, solo el área afectada por el contrato de establecimiento de servidumbre, y le quita a ACP el íntegro del terreno eriazo entre el canal y la propiedad en donde actualmente se encuentra sus reservorios y toda la infraestructura hidráulica.Es decir, la deja sin agua, sin la cual no funciona una empresa agrícola.
¿LOBBY POLÍTICO?
En este proceso hay detalles que han despertado la atención del Tribunal Constitucional, y actualmente también del periodismo. Uno de los nombres que resalta en medio de esta pugna legal es el de Lourdes Flores Nano, una abogada y líder política peruana que incluso postuló a la presidencia de la República del Perú.
Otro detalle que salta a la vista es el pasado de Flores Nano, ya que fue imputada por lavado de activos por presuntos aportes recibidos de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa durante las campañas de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal).
Los recordados lobistas brasileños que se jactaban de poner y sacar presidentes en el continente. Recordemos, además, que Lourdes Flores reconoció que recibió en su casa de Lima a los exdirectivos de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y Raymundo Trindade, pero aseguró que no pidió dinero “en esa reunión, de ninguna manera”. Además, como no recordar su vinculación César Cataño, personaje que terminó preso por narcotráfico. En esa época Flores Nano se convirtió en presidenta del Directorio de la empresa aérea Peruvian Airlines de propiedad de Cataño. Parece que tener una abogada con contactos en la política y en las instituciones que imparten justicia resultaría beneficioso para una empresa como Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. ¿será por eso que la defensa legal desacató las disposiciones del Tribunal Constitucional?
JUECES EJECUTORES Y LA
PRESUNTA CORRUPCIÓN
Revisando la documentación de esta batalla legal entre la empresa Agrícola Cerro Prieto y la empresa Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. encontramos diversos hechos que especialistas en el tema han denominado como actos de presunta corrupción. Según fuentes, en este oscuro proceso a favor de Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. se estaría presionando e influenciando a los jueces ejecutores para impedir cumplir lo que ordenó el Tribunal Constitucional. Parece que las conversaciones bajo la mesa de los remanentes “cuellos blancos” continúan debilitando las instituciones encargadas de impartir justicia en nuestro país. En medio de esto, los jueces ejecuto- res continúan incumpliendo lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Un claro hecho que despierta demasiadas suspicacias.
VICTIMIZACIÓN
COMO ESTRATEGIA
Algunos representantes de los Aspillaga Anderson Hermanos han comenzado a salir en los medios victimizándose. Lo que sorprende es que utilizan la poca rigurosidad de algunos programas periodísticos para darle tribuna a Domingo García Belaunde, que aparece como experto constitucionalista, pero según fuentes este señor sería uno de los abogados de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos. Aquí faltó realizar el disclaimer. Intentamos comunicarnos con algún representante de la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A. pero no tuvimos respuesta hasta el cierre de este informe. De la misma forma, nos comunicamos vía telefónica con la defensa legal de Agrícola Cerro Prieto, y sobre el tema señalaron: “Yo le voy a rogar que me disculpe, pero este es un asunto que se está viendo en el Poder Judicial, entonces, mi postura y la postura de la empresa es no discutir esto periodísticamente, sino, que sea el Poder Judicial el que en su momento resuelva”. Nos queda claro que la actuación del Tribunal
Constitucional es clave en esta batalla legal, donde la documentación revela hechos que no favorecen a la empresa Aspillaga Anderson Hermanos.
Además, es importarte señalar que Agrícola Cerro Prieto es una empresa que lidera el mercado de paltas, arándanos y espárragos, y da empleo a más de 16.000 peruanos. Por su parte, Aspillaga Anderson Hermanos, actualmente no cuenta con producción agrícola y no lidera ningún mercado. Aspillaga Anderson Hermanos y otras empresas están demandando al Estado y obteniendo en base a las maniobras de sus abogados cuantiosas indemnizaciones que son pagadas con el dinero de todos los peruanos, y, además, la devolución de miles de hectáreas de terreno que revertieron al Estado por ser abandonadas. Esto está generando una enorme problemática en los proyectos de inversión como Majes-Siguas y Chavimochic. Lamentablemente, frente a esto el Estado no solo pierde tierras, también se calcula que perderá más 6 mil 600 millones en oscuras indemnizaciones.
