La Fiscalía de la Nación ha presentado denuncias constitucionales contra tres congresistas, acusándolos de presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
La primera denuncia apunta a la congresista Rosselli Amuruz de Avanza País, a quien se le atribuye la instigación al delito de negociación incompatible.
El Ministerio Público sostiene que Amuruz habría intervenido en la contratación de personal en el Congreso, incluyendo a individuos vinculados a su expareja, el exparlamentario Paúl García.
La abogada de la congresista Amuruz, Giulliana Loza, ha criticado la prolongada duración de la investigación preliminar, que ha superado el plazo legalmente permitido de 120 días.
Pero eso no es todo, la Fiscalía ha denuncia- do a la congresista Magaly Ruiz Rodríguez de Alianza para el Progreso (APP) por presunto tráfico
de influencias agravado y negociación incompatible.
Según las acusaciones, Ruiz Rodríguez habría reducido los sueldos de sus extrabajadores y gestionado la contratación del hermano de un fiscal provincial a cambio de favores.
El fiscal provincial Richard Rojas Gómez también está bajo investigación por su presunta participación en estos actos corruptos, además de enfrentar una formalización de investigación preparatoria por tráfico de influencias y negociación incompatible.
Asimismo, el congresista David Jiménez Heredia de Fuerza Popular enfrenta una denuncia por peculado doloso.
La investigación sugiere que Jiménez Heredia habría utilizado fondos públicos para contratar a Ángela Noblejas, quien, en lugar de cumplir funciones en el Congreso, asistía al instituto privado del congresista.
DATOS: EL PODER JUDICIAL ha autorizado el
levantamiento del secreto de las comunicaciones entre Jiménez Heredia y Noblejas, lo que podría
proporcionar más información sobre el caso en curso.
