Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
En el contexto actual de la pobreza en el Perú, la minería se presenta como una posible solución ante la alarmante situación revelada en un reciente informe. Bajo el cuestionado gobierno de izquierda (entre comillas) de la presidenta Dina Boluarte, el país ha retrocedido significativamente en términos de progreso, alcanzando niveles preocupantes de pobreza del 29%, comparables a los indicadores de hace más de una década.
La crisis económica desencadenada por la pandemia ha evidenciado la fragilidad de las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza en el Perú. Mientras la población sufre las consecuencias, el gobierno carece de una planificación clara y estrategias efectivas. En este contexto crítico, la minería surge como una posible solución, desafiando la postura de aquellos que buscan su eliminación, como el controvertido Antauro Humala. Es crucial encontrar un equilibrio que maximice los beneficios económicos de la minería mientras se protegen el medio ambiente y las comunidades locales.
La minería no solo brinda oportunidades económicas, sino también la posibilidad de generar empleo, mejorar la calidad de vida de millones de peruanos y dinamizar la economía local. Proyectos mineros bien gestionados, con reglas claras, tecnología avanzada y un enfoque en la protección del medio ambiente, pueden convertirse en impulsores del desarrollo social y económico, contribuyendo de manera significativa a la reducción de la pobreza.
La relevancia de la minería como motor de crecimiento económico y reducción de la pobreza se respalda en cifras sólidas. Proyectos como Mina Justa y Quellaveco han demostrado su capacidad para dinamizar la economía y generar empleo. La creación de más de 116 mil puestos de trabajo adicionales en los últimos dos años gracias a la minería es un claro indicador del potencial que tiene este sector para combatir la pobreza.
Esto implica no solo garantizar una regulación adecuada del sector, sino también promover la transparencia, prevenir la corrupción y proteger el medio ambiente, mediante el compromiso con la responsabilidad social empresarial, la inclusión de las comunidades afectadas y la mitigación de los impactos ambientales.
Ante esta cruda realidad, la minería se presenta como una alternativa viable y necesaria para revertir esta tendencia negativa. Es hora de dejar de lado las ideologías y priorizar medidas efectivas que mejoren las condiciones de vida de los peruanos más vulnerables.
