Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
La crisis de democracia en el Perú es una realidad muy alarmante que requiere atención urgente. El reciente informe del Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024 pone de manifiesto una situación preocupante: el país es calificado como una democracia «altamente defectuosa». Este diagnóstico no es sorprendente dada la serie de los recientes eventos políticos turbulentos que hemos presenciado, desde conflictos entre poderes del Estado, crisis de institucionalidad, la corrupción y la legitimidad de las elecciones.
La crisis democrática en el Perú es una realidad alarmante que demanda atención inmediata. El informe más reciente del Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2024 revela una situación preocupante: el país es catalogado como una democracia «altamente defectuosa». Este diagnóstico no sorprende, dado los recientes eventos políticos turbulentos que hemos presenciado, desde conflictos entre los poderes del Estado hasta crisis de institucionalidad, corrupción y cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones.
Para comprender esta crisis debemos empezar analizando la polarización política extrema, que ha debilitado las instituciones democráticas, mientras que la falta de consenso y diálogo han influido en generar inestabilidad. Sumado a lo anterior, la corrupción sigue siendo un problema arraigado que destruye la confianza en el sistema político y en las autoridades.
Para comprender esta crisis, es crucial analizar la polarización política extrema que ha debilitado las instituciones democráticas, mientras la falta de consenso y diálogo ha contribuido a la inestabilidad. Además, la corrupción persistente mina la confianza en el sistema político y en las autoridades.
Para cambiar esta situación, es necesario abordar estos problemas de raíz. En primer lugar, se requiere un compromiso con la institucionalidad democrática. Esto implica fortalecer la separación de poderes, garantizar la independencia del sistema judicial y promover una cultura política basada en el respeto a las reglas del juego democrático.
La lucha contra la corrupción debe ser un tema de agenda prioritaria. Se necesitan medidas efectivas para combatirla, incluyendo una mayor transparencia en la gestión pública, y una rendición de cuentas rigurosa para todos los actores políticos y económicos.
Para cambiar esta situación, es imperativo abordar estos problemas desde su raíz. En primer lugar, se necesita un compromiso firme con la institucionalidad democrática, fortaleciendo la separación de poderes, asegurando la independencia del sistema judicial y fomentando una cultura política basada en el respeto a las normas democráticas.
La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad indiscutible. Se requieren medidas efectivas que incluyan mayor transparencia en la gestión pública y una rendición de cuentas estricta para todos los actores políticos y económicos.
La promoción de una participación ciudadana activa y responsable también es importante. Los ciudadanos deben estar informados y empoderados para exigir cuentas a sus representantes, participar en la toma de decisiones y defender los valores democráticos.
La promoción de una participación ciudadana activa y responsable es esencial. Los ciudadanos deben estar informados y capacitados para exigir responsabilidades a sus representantes, participar en la toma de decisiones y defender los valores democráticos.
Finalmente, se debe fomentar un clima político de diálogo y concertación. Los líderes políticos deben dejar de lado sus intereses partidistas y trabajar en conjunto por el bienestar del país. Esto implica un compromiso real con la gobernabilidad democrática y la búsqueda de consensos en temas fundamentales.
Por último, se debe fomentar un clima político de diálogo y consenso. Los líderes políticos deben dejar de lado sus intereses partidistas y colaborar en pos del bienestar del país. Esto implica un compromiso genuino con la gobernabilidad democrática y la búsqueda de consensos en asuntos críticos.
