Diplomacia en marcha por revanchismo, con medida no pensó en los efectos turísticos, los cuales recién consideraron posteriormente
Recurre a lo establecido en la Alianza del Pacífico, sobre “la libre movilidad de personas entre los Estados miembros” para justificar cambio de planes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió ayer, en horas de la tarde, un comunicado en el que anunció dar marcha atrás a la solicitud de visa para ciudadanos mexicanos. Esta medida, si bien parece ser acertada, ya que el ingreso económico por turismo iba a verse perjudicado, se da en un contexto de idas y venidas, reconocido por el mismo Gobierno como un acto primigenio de “reciprocidad”, en respuesta a lo adoptado por la administración de López Obrador.
Conforme a las cifras que maneja la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, sólo en febrero de este año ingresaron 5178 turistas mexicanos al Perú, data y presión vital para que el Ejecutivo asumiera otra postura. “Solicitamos a la señora presidente, Dina Boluarte, y al premier, Gustavo Adrianzén, tengan a bien actuar y adoptar las medidas que sean necesarias para que el turismo de Perú no se vea perjudicado y perdamos todo lo poco que hemos avanzado en la integración de nuestros países”, manifestó la institución aludida.
La respuesta del Gobierno, sobre la revocatoria, acogió en parte dicho reclamo: “Esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines, y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus Estados miembros”. Sin embargo, deja una mala impresión sobre su reacción inicial, atribuida al
principio de “reciprocidad”, como remarcaron en Conferencia de Prensa del Consejo de Ministros.
Hace unas semanas se conoció desde México que, a partir del 20 de abril, entrará en vigencia el requisito de visas para los peruanos que deseen viajar a dicha nación.
“Esta medida es de carácter temporal y cada determinado tiempo será analizada y evaluada por parte del gobierno mexicano y, en función de que podamos regularizar este fenómeno migratorio irregular que estamos enfrentando”, sostuvo Adolfo Zepeda, jefe
de Asuntos Diplomáticos de la
Embajada de México en Perú.
Los números que alude el representante mexicano bordean los 293,668 compatriotas en territorio azteca, sobre lo último del año 2023, según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.
¿Cómo responde el Estado Peruano a todo esto? Sin medir los efectos que traería consigo una medida semejante, aplicó lo mismo y reforzó aún más la controversia.
El diálogo quedó de lado y se recurrió al infantil “él empezó”, cuando desde un primer momento debieron tomarse las acciones que recién ahora empezarán a darse. Si se lamentó lo adoptado por los pares extranjeros, en aras del espíritu de la manoseada cumbre internacional, ¿por qué se procedió originariamente en contraposición a ello?
Para nadie es un secreto que las relaciones diplomáticas entre Perú y México se han ido deteriorando durante los últimos meses. Conocido
fue el respaldo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció al expresidente Pedro Castillo. A eso se suma el decirle sus verdades a Dina Boluarte, recordando que ella faltó a su palabra y no renunció, como había adelantado. También estuvo la negativa a entregar la Presidencia Pro Témpore¿ de la Alianza del Pacífico, cedida temporalmente a un tibio gobierno chileno que le facilitó las cosas a Boluarte. La expulsión del embajador de México en Perú fue la cereza del pastel. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Peruano, constituida mayoritariamente por grupos reaccionarios, declaró “persona non grata” al presidente López Obrador, quien expresó que era un honor ser considerado así por grupos como esos, sabiendo distinguir entre el pueblo peruano y las corrompidas autoridades.
La reducción de las delegaciones a encargados de negocios parecía concluir la novela. “No lo descarto, (pero) no estoy en condiciones de afirmarlo”, expresó el canciller nacional, Javier González-Olaechea, al ser consultado por distintos medios de comunicación sobre la posibilidad de que las tensiones entre ambos países influencien en este impase.
Todo esto da para pensar. Lo cierto es que los más perjudicados son quienes están al medio del conflicto y la improvisación, los ciudadanos que tienen comprados sus pasajes y a quienes se les complica la existencia con reacciones carentes de sobriedad. La defensa de los intereses nacionales no debe confundirse con un incorrecto manejo de Torre Tagle que, como también en otros casos, nos conduce al aislamiento en la región, producto de un sesgado proceder con tintes ideológicos, ajenos a la verdadera integración de los pueblos y la armonía dentro del continente.
