Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
La actualidad política peruana se encuentra marcada por la controversia que envuelve a la presidenta Dina Boluarte, cuyo patrimonio ha generado un creciente malestar entre la población. Es especialmente preocupante la postura del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien defiende la posesión de 15 relojes de lujo marca Rolex por parte de la mandataria, negando la necesidad de que esta declare y justifique la procedencia de tales bienes. En el ámbito de la política, especialmente en un rol tan crítico como el de Jefe de Estado, la vida privada debe ceder ante el deber de transparencia y escrutinio público.
La determinación de la presidenta de la República de mantenerse en el poder hasta 2026, evadiendo su obligación de rendir cuentas, tal como se desprende de sus recientes declaraciones, mina la confianza en las instituciones y en la gestión transparente del poder. La situación se complica aún más con la vinculación de su hermano en investigaciones por tráfico de influencias y supuestas negociaciones indebidas de cargos públicos.
Además, la selección de miembros para su gabinete ha sido objeto de críticas, destacando los casos de Alberto Otárola, quien enfrenta serios cuestionamientos al haber otorgado favores laborales indebidos, y del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, quien parece no estar a la altura de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Es imperativo que el gabinete se renueve con profesionales referentes, competentes y comprometidos con el bienestar nacional.
Es esencial que los servidores públicos actúen siempre en beneficio del país, dejando de lado intereses personales o de su círculo cercano. La ciudadanía debe mantenerse alerta y promover activamente la rendición de cuentas y el respeto por la ley en todos los estratos del gobierno. Solo a través de la transparencia y la responsabilidad podremos asegurar una gestión pública íntegra.
Si la presidenta Boluarte no logra proporcionar una explicación convincente y transparente sobre las discrepancias en su patrimonio, se encontraría en una situación extremadamente delicada tanto en el ámbito político como en el legal. La falta de una justificación satisfactoria podría interpretarse como un indicio de malas prácticas o corrupción, lo cual tendría múltiples repercusiones.
Desde una perspectiva política, la legitimidad de Dina Boluarte como presidenta se vería seriamente comprometida. La confianza del público en su capacidad para liderar el país de manera honesta y eficaz se erosionaría significativamente. Esto podría traducirse en una disminución del apoyo popular, así como en un aumento de las presiones políticas por parte de sus opositores y de la sociedad civil, quienes podrían exigir su renuncia o la realización de investigaciones exhaustivas.
En el terreno legal, las consecuencias podrían ser aún más severas. Si se inician investigaciones formales y estas revelan evidencia de corrupción
