Autor: Armando Martín Barrantes Martínez. Magister en Gerencia Social PUCP.
En medio de la crisis que aqueja al Perú, la lucha infructuosa contra la corrupción se instaura como uno de los problemas clave. La reciente defensa vehemente y sospechosa de la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, hacia su hermano Nicanor Boluarte, ha desencadenado un repudio generalizado por parte de la población peruana. Con un tono elevado y marcial, la presidenta proclamó que su consanguíneo puede hacer «lo que se le pegue en gana», ignorando flagrantes actos de corrupción denunciados por los medios y, más recientemente, investigados por la fiscalía de la nación.
El escándalo se agrava al descubrirse que el hermano de la mandataria, se desplaza en lujosos automóviles propiedad de proveedores del Estado, mientras que el país enfrenta una crisis económica. Los viajes frívolos de la jefa de Estado retumban como una bofetada a la pobreza que experimenta el Perú. Sin embargo, lo más preocupante es la aparente impunidad que la mandataria busca conferir a Nicanor, alimentando la percepción de complicidad en posibles actos de corrupción, amparados por la sombra de ciertos ministros «facilitadores». Esta situación frustra a la población que lucha por sobrevivir, generando desesperanza y la creciente sospecha de que la patria está dirigido por aquellos que se benefician de la corrupción.
A pesar de los evidentes y diversos actos de corrupción que han sido objeto de denuncia por parte de los medios de comunicación, y en particular, aquel que ha llevado a la intervención de la Fiscalía de la Nación, la presidenta ha demostrado una preocupante indiferencia. Este caso específico implica a una autoridad local que participó en la celebración del cumpleaños de Nicanor y, en un lapso breve, obtiene beneficios de proyectos que totalizan la impresionante cifra de 20 millones de soles.
Las consecuencias previsibles de este comportamiento son alarmantes: la deslegitimación total de la democracia y el fortalecimiento de caudillos autoritarios con miras al 2026. Nos encontramos en un momento crítico, y el camino que elige Dina Boluarte amenaza con sumir al país en una crisis aún más profunda.
A esta situación se suma el cuestionamiento sobre la relación entre la presidenta y Carmen Giordano Velásquez. El programa periodístico ‘Cuarto Poder’ reveló la estrecha amistad entre ambas y cómo esta conexión llevó a Giordano a desempeñar roles importantes en el gobierno, desde el inicio de Dina como vicepresidenta hasta su actual posición como jefa de Estado. Sin embargo, resulta llamativo que, a pesar de su papel crucial, haya escasas pruebas de la actividad laboral. Este vacío, unido a su historial laboral limitado, plantea interrogantes sobre su idoneidad para los roles desempeñados.
En un contexto en el que la corrupción y la opacidad amenazan la integridad de las instituciones, los peruanos exigen respuestas y transparencia. La relación entre la presidenta del Perú y Carmen Giordano, junto con la defensa inquebrantable hacia el hermano Nicanor, plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y el rumbo del país. La confianza del pueblo está en juego, y es imperativo que las autoridades respondan con claridad y acciones concretas para restaurar la fe en la democracia y el Estado de derecho.
