El ministro de Justicia Eduardo Arana Ysa ha sido invitado desde hoy a El Salvador, país que mantiene un estricto régimen carcelario impulsado por el presidente Nayib Bukele.
El canciller del país centroamericano invitó al titular del Minjus para que conozca cómo se maneja la seguridad en el hoy conocido ‘Plan Bukele’, que ha reducido la inseguridad como nunca antes, pero a su vez ha sido criticado por organismos internacionales por lo que, a su vez, se estaría violando en materia de derechos humanos.
Según la resolución publicada en el Diario El Peruano, US$ 4,720.77 le ha costado al Gobierno el envío de Arana Ysla a tierras salvadoreñas para aprender del ‘Plan Bukele’.
Durante su ausencia, el ministro de Justicia será reemplazado por el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Perez Reyes.
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El documento resalta que este “intercambio de experiencias afianzará la labor funcional” del portafolio “como parte de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, […] que establece la necesidad de fortalecer la seguridad integral” de las prisiones peruanas “con mecanismos de control e inteligencia […] y de coordinación interinstitucional entre el sistema penitenciario y las entidades vinculadas con la administración de justicia”.
Raúl Pérez Reyes, titular de Transportes y Comunicaciones, estará encargado del despacho de Arana mientras dure este primer acercamiento entre el gobierno de Boluarte con el de Bukele, quien fue reelegido para el período 2024-2029 en unos comicios en los que alcanzó un 84,6 % de respaldo electoral, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El líder salvadoreño, quien goza de popularidad gracias a su controvertida política de lucha contra las pandillas, ha sido el primero en ser reelegido, pese a una prohibición constitucional, desde que el país centroamericano dejó una dictadura militar de varias décadas y entró en democracia.
A finales de marzo de 2022, el Congreso decretó un régimen de excepción para suspender garantías constitucionales a petición del Ejecutivo y arrancar así la llamada “guerra contra las pandillas”, después de que las maras habían puesto en jaque el Plan Control Territorial con el que Bukele había logrado continuar y acentuar la disminución de los homicidios que venía desde 2016.
Según encuestas publicadas en el marco de la campaña electoral, este régimen fue el principal activo para la notoriedad del mandatario, principalmente por la reducción de la presencia de las pandillas en las comunidades populares.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad en los penales —incluido muertes de internos bajo custodia del Estado― desde que se instauró este régimen, que suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el de contar con la asistencia de un abogado.
