José Antonio Peláez Bardales, quien se desempeñó como fiscal de la Nación entre los años 2011 y 2014, falleció anoche, informó el Ministerio Público.
La institución expresó, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), sus condolencias a los familiares y seres queridos del exfiscal supremo, quien dejó de existir a los 77 años.
Peláez Bardales era natural de Chachapoyas (Amazonas) y realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Como fiscal supremo titular intervino en importantes procesos, como en los seguidos contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, interceptación telefónica y congresistas tránsfugas, entre otros.
En 2016 fue cesado del cargo por límite de edad, al haber cumplido entonces 70 años.
El exfiscal supremo buscó dejar sin efecto la medida, a fin de ejercer como fiscal supremo hasta los 75 años -conforme a la ley vigente cuando asumió la judicatura-, pero no tuvo éxito en ello.
Trayectoria
José Antonio Peláez Bardales, abogado de profesión, nació el 21 de agosto de 1946 en Chachapoyas, región Amazonas. Durante su carrera, se desempeñó como docente universitario y ocupó diversos cargos relevantes.
Fue fiscal de la Nación desde 2011 hasta 2014 y también ejerció como fiscal supremo titular, participando en casos destacados como el juicio al expresidente Alberto Fujimori por los sucesos de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
En agosto de 2016, la Fiscalía de la Nación lo apartó del cargo al cumplir 70 años, la edad límite para ser fiscal supremo. En respuesta, Peláez Bardales presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, buscando extender su ejercicio por cinco años más. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
En su argumento, el exjefe del Ministerio Público solicitaba continuar hasta 2021, alegando que había asumido el cargo como fiscal supremo en 1988, cuando aún estaba en vigor la Ley 26623, que permitía a los magistrados permanecer en funciones hasta los 75 años.
