El exdictador Alberto Fujimori abandonó el penal de Barbadillo, en Ate, este miércoles 6 de diciembre a las 6:26 p.m. Esto luego que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) disponga la inmediata libertad del exmandatario. Fujimori se quedaría en la vivienda de Keiko Fujimori. La decisión se llevó a cabo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requrió al Gobierno peruano que no se ejecute el indulto y liberación del también expresidente
Catorce años después de haber sido condenado a 25 años de prisión -con una extradición incluida desde Chile en 2007-, el hombre que gobernó al Perú en la última década del siglo pasado salió esta tarde de la prisión de Barbadillo, en Lima. Lo hizo en compañía de sus hijos Keiko y Kenji, los más políticos de su clan, en medio de una serie de cuestionamientos por contravenir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La escena es casi idéntica a diciembre de 2017, cuando fue indultado en la víspera de la Navidad. Aquella vez se internó en una clínica, donde permaneció casi cien días, pero debió retornar a prisión tras revocarse el fallo.
Según la resolución del TC, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y se advierte una “falta de competencia” de dicho tribunal internacional.
La resolución del Tribunal Constitucional advierte que la Corte IDH ni la Convención Americana de DDHH tienen la capacidad para ordenar al Estado peruano dejar sin efecto una sentencia con carácter de cosa juzgada.
“En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señala el TC.
La decisión avivó la controversia sobre la salida de prisión de Fujimori, que se logra por un indulto que le fue concedido la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.Pero la víspera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al Estado peruano que no ejecute la orden del Tribunal Constitucional hasta que el organismo internacional cuente con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumple con todas las condiciones.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución que indica que la solicitud es para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos que fueron asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori y por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión.
Ni la presidenta Dina Boluarte ni sus ministros se han manifestado de forma pública sobre el tema, pero el jefe de la agencia carcelaria Javier Llaque dijo la víspera a la radio local RPP que Fujimori no fue liberado el martes por un error de trámite del Tribunal Constitucional que debe ser subsanado durante la jornada.En septiembre Boluarte dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Perú era un país “respetuoso del derecho internacional”.
El indulto de Alberto Fujimori fue anulado en 2022 por la justicia tras detectar graves irregularidades luego de un pronunciamiento en contra de la Corte IDH y desde entonces el proceso tuvo idas y venidas judiciales para que fuera efectivamente ejecutado.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991 en Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos, donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron con fusiles a 15 vecinos, incluido un niño de ocho años.
La segunda matanza fue en 1992 cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes.Según la sentencia el grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.
