Contundente respuesta de jueces a ilícitos que dañan medio ambiente
En materia de trata de personas, se impusieron 193 sentencias condenatorias, en ese periodo, reportó también presidente del referido distrito judicial, Adolfo Cayra.
En lo que respecta a delitos que dañan el medio ambiente, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios impusieron 243 sentencias condenatorias en procesos por minería ilegal, entre 2018 y 2023.
Así lo reportó el presidente del referido distrito judicial, Adolfo Cayra Quispe, al abordar el ilícito de la minería ilegal minería ilegal, que es una faceta de los delitos ambientales así como los conexos, que son tramitados en esta jurisdicción.
“Esto es una clara y contundente respuesta de la Corte de Madre de Dios que está a favor del medio ambiente y contra la minería ilegal. La población tiene que confiar en la observancia del debido proceso, independencia e imparcialidad de los jueces”, expresó.
El Código Penal señala que el delito de minería ilegal lo comete quien realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.
El titular de la Corte de Madre de Dios, asimismo, señaló que los procesos judicializados por ilícitos contra el medio ambiente son 2296, de los que 196 corresponden a minería ilegal.
Pero aclaró que en la región Madre de Dios, en la zona denominada La Pampa, derivan de la minería ilegal, por poca presencia del Estado, otros delitos recurrentes como trata de personas relacionada con la explotación sexual y laboral, sicariato, depredación de bosques así como minería informal.
“En materia de trata de personas, tenemos 193 casos con sentencia condenatoria, entre 2018 y 2023”, señaló el juez superior.
“Los jueces de Madre de Dios con tal independencia, imparcialidad y con máxima severidad actúan conforme a la Constitución y la ley; están siempre en defensa de los derechos humanos y fundamentales. No a la trata de personas”, afirmó.
Un aspecto importante a tener en consideración, consideró Cayra Quispe, es que producto de que en La Pampa se practica minería ilegal y delitos conexos, existe una población flotante que arriba de otros lugares por temporadas, lo que tiene incidencia en los servicios públicos que brinda esta región
“El sistema de justicia se ve limitado ante esa población flotante que opera en la minería ilegal y así vemos requisitoriados que recargan el sistema de justicia y otros problemas de índole penal, por lo que las entidades del sistema de justicia deben fortalecerse”, refirió.
