Por: Yásser Gómez Carbajal
La caída de la dictadura de Alberto Fujimori a fines delos noventa fue sobre todo un hecho político, no significó el derrumbe total del oprobio que afectó al país por diez años, pues la estructura económica quedó inalterable, asimismo, otra herramienta que sustenta ese poder de la élite es, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales. El discurso único que defendía, en plena dictadura, las violaciones de los derechos humanos y el autoritarismo, en muchos casos fueron el producto de la coima o del chantaje contra los dueños de los medios de comunicación, por parte delco-gobernante Vladimiro Montesinos.
No obstante, derrotado el régimen fujimorista, la mayoría de la prensa mantiene un discurso único de manera voluntaria, donde no hay espacio para romper la narrativa monocorde que nos dice, que el modelo económico neoliberal (económico-político) es exitoso, obviamente y a quienes disientan de este, no serán invitados a participar con su opinión o como entrevistados, menos todavía a cualquier partido político que cuestione el modelo, ni que decir de los sindicatos, que sólo aparecen en la televisión si se pronuncian a favor de las patronales o si atacan a otro gremio social.
Las protestas sociales en estás más de dos décadas se han incrementado, desde la defensa del medio ambiente, la lucha de los trabajadores mineros, los maestros del Sutep, los estudiantes universitarios, los pueblos indígenas, la defensa de los derechos laborales, entonces, hubo que denunciar los detenidos, los heridos y los asesinados por la represión, y ahí siempre estuvieron los medios de comunicación independientes en las regiones, y sumado en los últimos años las redes sociales han permitido romper el discurso único de quienes por ahora detentan el poder a nivel, nacional, regional y local.
En ese contexto, el congresista de la República, Guillermo Bermejo, presentó el Proyecto de Ley (PL) N° 5563/2022-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento y acreditación de los medios
de comunicación alternativos del Perú. El objetivo del PL es declarar de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento y acreditación de los medios de comunicación alternativos del Perú y que el Estado a través de sus entes rectores realice los mecanismos correspondientes a fin de generar un registro de empadronamiento de los medios de prensa y de sus comunicadores sociales. Para, de esta manera, reconocer el trabajo y funciones que están ejerciendo ad honorem los medios de comunicación alternativos del Perú y acreditarlos mediante el registro de empadronamiento a estos medios de prensa y de sus comunicadores sociales.
En la misma línea, el Proyecto de Ley plantea, que mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, se deberá dictar las normas que sean necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en la presente Ley. Por lo que: “atendiendo el Principio de Igualdad que se debe garantizar entre los medios de prensa ya regulados por su propia normatividad y los medios de comunicación alternativos, quienes merecen igual trato, reconocimiento y oportunidades, así como gozar del derecho a los mismos beneficios sociales, económicos, pensionarios y tributarios que gozan los medios de comunicación denominados tradicionales”, plantea la propuesta.
El parlamentario Bermejo, destaca como argumento principal el derecho fundamental que significa para las personas, la libertad de información asimismo resalta que la Constitución peruana, la misma promulgada por la dictadura de Fujimori, prohíbe y rechaza el monopolio de los medios de comunicación.La proposición legislativa, indica: “la Unesco ha brindado tres conclusiones al respecto: la información es indispensable para la existencia y la expansión de las sociedades democráticas.
Urge disminuir las diferencias entre el progreso de la información en los países desarrollados y la insuficiencia
de los medios en los países en vías de desarrollo. Es necesaria la creación de un fondo internacional para el desarrollo de la información en los países en vías de desarrollo”. Asimismo, señala: “La propia Carta Constitucional actual prohíbe y combate la actividad monopólica de diversas formas de realizar empresa en nuestro país, principalmente de la prensa, la radio, la televisión y demás medios de expresión y comunicación social, pues el acaparamiento y básicamente el monopolio de la información, afectan los principios elementales que posee toda
democracia”. “Ya que estas empresas (fundamentalmente a los medios de comunicación tradicionales) responden a
ciertos criterios y necesidades que poseen sus propietarios; dicho de otro modo, no se debería monopolizar la información ni concentrar el poder mediático en un solo organismo empresarial”, finaliza.
