Campesinos de la comunidad de San Andrés de Negritos, presentaron una denuncia constitucional contra diversas instituciones del estado, tratando de este modo de evitar las próximas actividades de explotación de recursos minerales en el proyecto Colorado a cargo de la transnacional Newmont Yanacocha. La representación legal de la comunidad la tiene el Instituto de Defensa Legal – IDL.
Antes de iniciar las actividades de exploración y próxima explotación en este proyecto el Ingemet debió consultar la concesión minera, el ministerio de Energía y Minas el permiso de exploración y el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, debió ser consultado por el Servicio Nacional de certificación Ambiental SENACE, pero ninguno de ellos cumplió con preguntar la opinión de la comunidad campesina de San Andrés de Negritos.
“No sólo eso, también la Autoridad Nacional de Agua – ANA, debió consultar el permiso de uso de aguas, pero eso tampoco se ha cumplido” señaló Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL quien concluyó, “acá todo el mundo ha tomado decisiones que afectan a la comunidad y nadie ha sido consultado”.
Con esta demanda los pobladores de esta comunidad exigen el cumplimiento de la ley 29785 y su reglamento, que es la norma de rige para la aplicación de la Consulta Previa antes de la intervención de grandes proyectos extractivos y se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, al cual Perú está adscrito.
Ruiz Molleda, abogado del IDL, también señaló que se está violando el derecho a la propiedad sobre el territorio, ya que se trata de una comunidad titulada; el derecho a la identidad cultural y el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado “Un proyecto minero supone utilización de agua, y esa agua se le va a restar a los campesinos que la usan para la actividad agropecuaria”.
“Hace 28 años, entró en vigencia el convenio 169 de la OIT, pero los grandes proyectos mineros no han sido consultados”, señaló el jurista, advirtiendo que no se trata de un caso aislado, sino en una constante violación del derecho por parte de las mineras y el estado a través de los gobiernos que han pasado.
En tanto, Jesús Castrejón García, presidente de la comunidad campesina señaló que la empresa minera Yanacocha tiene 33 años violando los derechos y la tranquilidad de su pueblo de manera sistemática, en complicidad con las autoridades locales, regionales y nacionales. “Por ejemplo ellos han expropiado el sector de Pampalarga de manera irregular, así como han logrado una servidumbre, mintiendo” denunció.
Pero la preocupación más grande de los campesinos es que este proyecto minero se ubica en la cabecera de cuenca del Alto Llaucano, lo que implicaría afectar gravemente los recursos naturales. “Ellos ya están haciendo trabajos en la zona y no nos informan. Puede que las perforaciones que están haciendo ya hayan desviado las aguas y nosotros ni sabemos” argumentó.
También señalaron que, pese a que se habla de progreso, en su comunidad y otras aledañas a la minera Yanacocha solo hay pobreza y contaminación.
