Los exprocuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia solicitaron a la presidenta Dina Boluarte observar la norma que limita la colaboración eficaz por las graves consecuencias que acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú.
A través de una carta pública, los exabogados del Estado peruano recordaron que antes de la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz, la lucha contra la criminalidad organizada resultaba “frecuentemente infructuosa” debido a la dificultad para obtener información interna que permita su desmantelamiento y sanción.
“Pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y de gran complejidad, respectivamente, resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”, sostuvieron los tres juristas.
Como se sabe, esta ley otorga un lapso de ocho meses para corroborar y celebrar un acuerdo de colaboración eficaz y, además, otorga una prórroga de cuatro meses para casos ordinarios y ocho para los de gran complejidad. La Procuraduría General del Estado ha alertado de que esos tiempos están alejados de la realidad y de los tiempos que demanda una investigación.
La ley actual no impone esos plazos. Por eso, para los exprocuradores “es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de los peruanos”.
Lo exprocuradores señalaro que, por la colaboración eficaz, se han logrado tener condenas en casos emblemáticos como el Club de la Construcción, Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato en el caso de Alejandro Toledo.“Resulta inaceptable que desde un Congreso de la República con 9% de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional del país, se pretenda ahora neutralizar la Ley de Colaboración Eficaz de manera anti técnica con el fin de convertirla en un instrumento simbólico que nos retrotraerá a épocas de gran impunidad”, acotaron los exprocuradores.
A juicio de ello, acortar los plazos de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y gran complejidad resulta un despropósito y una clara intención de convertir un valioso mecanismo en inoperante.
El pleno del Congreso aprobó el jueves 22 de junio, dicha norma con 84 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones.
En octubre del 2022, la norma se rechazó sin embargo, este mes se reconsideró. Votaron en contra miembros de Fuerza Popular, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Somos Perú y no agrupados.
Según la norma, si se trata de delitos comunes, solamente se podrá celebrar en ocho meses (con una ampliación de cuatro meses). Y cuando la investigación sea a organizaciones criminales, 16 meses como máximo.
