Decisión del Tribunal Constitucional elimina gran parte de los intereses moratorios favoreciendo a las grandes deudores tributarios. Incluso los casos en que el Estado ha logrado fallos favorables judicialmente podrían revertirse.
Ante la sentencia dada por el Tribunal Constitucional (TC), en la cual se prohíbe aplicar intereses moratorios a las deudas en litigio luego de vencerse el plazo legal para su resolución, el procurador Público de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), José Escalante, advirtió que esta decisión beneficia directamente a unas 300 empresas que están en proceso de amparo ante el Poder Judicial, el Tribunal Fiscal o instancias internacionales.
Una nota publicada en Ojo Público consignó que este fallo genera dos efectos inmediatos: beneficia directamente a alrededor de 300 grandes empresas deudoras en proceso de amparo, y generará que el Estado peruano deje de recaudar alrededor de S/12.000 millones, lo que representa el 1,5% del PBI nacional. Incluso, se indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el monto podría ser mayor, considerando los procesos que a futuro lleguen al Poder Judicial.
Consultado por el mencionado medio digital, Escalante precisó que de los 11 millones de contribuyentes registrados en el Perú, 15.000 corresponden al grupo considerado como principales contribuyentes (grandes empresas) y, de estos, un grupo de no más de 300 contribuyentes tienen procesos constitucionales de amparo por intereses. “Esos serían básicamente los grandes beneficiados, las grandes empresas”, indicó..
El funcionario afirmó que la mayoría de las compañías cumplen con sus pagos, pero que este fallo del TC se inclina a beneficiar a un pequeño grupo con grandes deudas que llegan a instancias de amparo y que tienen espaldas financieras para costear el proceso.
“Para hacer un proceso contencioso hay que tener dinero para pagar al abogado. Entonces, una empresa pequeña o mediana no lo puede hacer, tiene que ser una gran empresa con grandes deudas y unas espaldas financieras anchisimas”, apuntó.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF enfatizó a través de un comunicado, que el fallo del TC pone en riesgo incluso los casos en los que recientemente se han obtenido sentencias finales en el Poder Judicial en favor del Estado peruano.
Entre estos, se cuenta el caso de Telefónica, que ya está ordenada a pagar alrededor de S/3.000 millones por impuestos de los años 2000 y 2001, tras un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Sunat, según reportó la empresa en enero de 2023.
Ahora, no se descarta que acuda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tomando como sustento la sentencia dada por el TC.
EL DATO
Hasta mediados del 2022, la deuda de las empresas con el Estado peruano sumaba S/27.396 millones, de las cuales el 94% corresponden a las 100 empresas más deudoras cuya suma oscilaba los S/25.700 millones.
