Germán Alarco
Profesor de la Universidad del Pacífico
La necesidad de modificar la Constitución Política (CP) de 1993 es ya una exigencia nacional como muestran los resultados de las últimas encuestas de opinión donde más de 2/3 de la población está de acuerdo con la iniciativa. No hay que agitarse, porque parece evidente, dadas las circunstancias actuales, de que hay que redefinir las bases de nuestro acuerdo económico, social, político y ambiental para todos los ciudadanos del país. Por otra parte, esta discusión se está dando implícita o explícitamente en diferentes partes del orbe.
Sin embargo, surgen varios problemas de partida. En primer lugar, la carta magna vigente exige que el procedimiento pase por el Congreso, lo cual no es viable y menos en una situación tan fragmentada y polarizada. En segundo lugar, toda la discusión se centra en si se debe partir o no de someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Desafortunadamente, no se discuten sus futuros contenidos, salvo las modificaciones al capítulo económico, ni los procedimientos alternativos; ni los elementos que deberían permanecer de la anterior o como ajustarlos. Falta debate sobre el fondo y las formas, más allá de lo que se plantea en las calles. Obviamente, debemos anotar que la discusión sobre estos temas implica una mirada inter y multidisciplinaria que debe incluir a ciudadanos y profesionales de diferentes áreas y regiones del país. Aquí van solo las notas de un economista.
Continúa en nuestra sección impresa: Diario Uno | Sábado 18 de febrero del 2023
