Continúa el encarcelamiento de quienes lideran las protestas sociales contra el Gobierno.
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), detenidos el 10 de diciembre por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El juez Raúl Justiniano del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público contra los investigados por presunta afiliación o pertenencia a una organización terrorista, Rocío Leandro, Estefany Alanya, Alex Gómez, Alejandro Manay, Piero Files y Fernando Quinto. En tanto, dispuso orden de comparecencia para la investigada Yulissa Gómez. Además, le impuso el pago de una caución de S/ 5 mil en un plazo de 5 días, y le prohibió participar en ninguna marcha o actividad de protesta.
Como se recuerda, a los dirigentes del FREDEPA, una organización fundada en la década del ‘60, la Fiscalía les ha imputado realizar presuntos actos “terroristas” como eventos académicos para abordar la violencia de Estado durante el conflicto armado interno, o el pedir Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. La Dircote, por su parte, tras la detención de los dirigentes se vanagloriaba de haberles hallado entre sus pertenencias libros de Marx y Lenin.
Pese a lo absurdo de las imputaciones, el Poder Judicial ha consentido el requerimiento fiscal y ha dado un nuevo paso en la criminalización de la protesta y el terruqueo institucionalizado desde el Estado. Una acción que se suma a la cuestionada prisión preventiva contra la ciudadana Yaneth Navarro, para la cual el Poder Judicial consideró que esta no tenía arraigo familiar por no encontrarse cuidando a sus hijos al momento de su detención.
Para el sociólogo Abel Gilvonio, la prisión preventiva a los dirigentes del FREDEPA, sin justificación alguna, tiene como objetivo justificar la masacre de civiles y lograr la impunidad para los militares responsables, y además sembrar el miedo entre los ciudadanos que se movilizan en las protestas.
En una entrevista con la periodista Ana Trelles, la defensora de derechos humanos Gloria Cano advirtió que el terruqueo ha sido usado desde los primeros años de la violencia política para justificar los delitos cometidos por el Estado, “para que la sociedad diga: se lo merecían”. “Y ahora está siendo usado para acallar voces que discrepan. Si tú te opones o presentas una postura contraria al gobierno o a la derecha es porque eres terrorista. Hemos llegado al punto donde ves que el argumento de la PNP es decir que porque tenían un libro de Marx o de Lenin eres terrorista, para la PNP es muy simple argumentar eso. Lo que vivimos en los 80 y 90 ha calado fuerte en la sociedad. Desde siempre el terruqueo fue un arma para justificar las detenciones arbitrarias, las muertes y las torturas”, dijo.
Cano consideró que esta forma de estigmatización “ha existido siempre para quitarle voz al otro, para rebajar a otra persona y lamentablemente mucha de la prensa concentrada se ha adscrito a eso, y las voces que tratan de mantener su independencia son retiradas de los medios”.
