Investigado por contratación de su excuñada

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    El titular de la PCM suma a la investigación por genocidio, otra por colusión.

    La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén. 

    Ambos serán investigados por el presunto delito de colusión agravada, en calidad de instigador y autor, respectivamente. La referida investigación también incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas como presunta cómplice de dicho delito, señaló la Fiscalía.

    Al respecto, se pronunció el premier Alberto Otárola en su cuenta de Twitter: “En relación con la denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”.

    El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE) señaló en un comunicado que la persona designada “cumple con los requisitos que exige el cargo. Cuenta con cerca de 8 años de experiencia desempeñando funciones y cargos directivos en diversas instituciones del Estado, inclusive en el mismo MPTE en años anteriores”.

    “La designación de la señora Rodríguez Bringas se debe exclusivamente a los criterios de confianza del titular del sector”, señala el comunicado.

    Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo Alfonso Adrianzén respondió en sus redes sociales: “El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía de la Nación considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del Premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes”.

    TAMBIÉN POR GENOCIDIO

    El pasado enero, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso se inicie una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como a la presidenta Dina Boluarte, el exministro del Interior, Víctor Rojas, el titular de Defensa, Jorge Chávez, el expremier Pedro Ángulo y al exministro del Interior César Cervantes. Por las muertes ocurridas en las protestas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.