DESDE HACE DÍAS SE PRODUCE una inusual concentración de enternados con folders en la mano, frente a la planta de La Atarjea. Todos han trabajado en el gobierno del profesor y buscan un puesto en Sedapal.
No es casualidad, muchos de ellos afirman haber sido llamados por el nuevo presidente de la empresa Fernando Piscoya, brazo derecho del hoy prófugo exministro Juan Silva quien lo nombró como Director General de la Oficina General de Administración del MTC y su representante en la lesiva negociación del segundo terminal del aeropuerto Jorge Chávez que perjudicó al Estado. Otros afirman tener una recomendación reciente de Pedro Castillo, desde el penal de Barbadillo y todos se consideran con derecho a lograr un puesto en la empresa estatal, así su planilla tenga que reventar las tarifas que pagamos los sufridos consumidores de agua.
¿Por que ocurre este verdadero escándalo a vista y paciencia de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar?
BURDO COPAMIENTO
El retorno de los castillistas se explica porque el anterior presidente del directorio Augusto Eguiguren Praelli se negó a anular el concurso público para el saneamiento de la populosa zona de Ventanilla, por más de 600 millones de soles, ejecutado por el anterior ministro. Praelli, hombre de derecho, le explicó que el proceso lo había realizado la UNOPS, insospechable de parcialidad, y que el contrato estaba listo.
La Pérez de Cuellar se disgustó por la respuesta y empezó a intimidar a Eguiguren. Como la viceministra de Construcción, Amalia Moreno, respaldo al ejecutivo, la ministra despachó a su segunda y comprendió que necesitaba de alguien dispuesto a jugar rudo para hacerse del control de Sedapal. Ahí apareció el nombre de Piscoya, quien exhibía a su favor el tremendo faenón hecho en el aeropuerto para favorecer a LAP. Nuestro diario tuvo la honrosa función de ser el único medio que advirtió la jugada, pero en Palacio de Gobierno están entretenidos con las movilizaciones y le han dado carta blanca a Pérez de Cuéllar para actuar.
Por eso, Piscoya fue nombrado presidente el último día en que debía fijarse el contrato y su primera medida fue dejarlo sin efecto, para que la ministra pueda hacer su propia licitación, aunque ello ha agriado las relaciones con la prestigiosa UNOPS. La segunda acción de Piscoya fue abrir la puerta a los castillistas y llamar a dos joyitas de la propia Sedapal Antonio Angulo Zambrano y Jorge Ramírez Medina.
Angulo fue gerente legal y acumuló todo un legajo de denuncias por fraccionamiento, contrataciones excesivas y que fue encontrado responsable con el ex gerente comercial, de un favorecimiento indebido a un consorcio que ganó hace tres años el contrato de actividades comerciales por más de cien millones de soles. Tan es así que la misma Procuraduría de la Contraloría General de la República le abrieron proceso penal por negociación incompatible, la cual está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Y, oh casualidad, el corresponsable según la Contraloría General de la República de este despropósito sería Ramírez, el ex gerente comercial que Piscoya quiere regresar.
Las administraciones anteriores, para curarse en salud, registraron en los respectivos files de Recursos Humanos de las responsabilidades de ambos. Incluso Sedapal tiene en curso una demanda de indemnización contra Angulo por perjuicios causados a la empresa. Pero, aun así Piscoya quiere regresarlos. Si ello ocurre se daría el paradójico caso de que Angulo sería el superior del procurador que está encargado de defender a Sedapal, ¡contra el propio Angulo!. Todo un récord mundial de felonía.
¿Qué razón podría inducir a Piscoya a arriesgar tanto?. Solo una, que en pocas semanas Sedapal tiene que destrabar las licitaciones millonarias que quedaron truncas en la gestión de Eguiguren y, obviamente, quieren que estos estén a cargo de su personal de confianza.
PIEDRA EN EL ZAPATO
Lo que la ministra de Vivienda y Piscoya no han tenido en cuenta es que tanto el sindicato de trabajadores, Sutesal, como los propios funcionarios, no son mancos y que poseen la documentación suficiente para demostrar los malos manejos en curso, que perjudican al gobierno de Dina Boluarte. Por lo pronto, ya la población de Ventanilla está dispuesta a dar la guerra por la anulación del contrato para las obras que se han anulado.
Igualmente, han recurrido a la Comisión de Vivienda del Congreso, presidida por la apepista Maria Acuña Peralta, solicitando que se forme una subcomisión investigadora de la corrupción en Sedapal, pedido al que se daría trámite en los próximos días. Es decir, el partido recién empieza.
