La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Judicial que cumpla con la sentencia que reconoció el derecho a una muerte digna para Ana Estrada Ugarte.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema aprobó la demanda de amparo en julio de 2022 y ordenó la inaplicación del delito de homicidio piadoso para permitir la eutanasia a Ana Estrada.
Sin embargo, a pesar de las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo para impulsar la ejecución de la sentencia, el juez encargado todavía no ha ordenado su cumplimiento.
La jueza original invocó la figura de «abstención por decoro» y se declaró impedida de ejecutar la sentencia, por lo que el expediente fue redistribuido a otro juez. La Defensoría considera que el único deber del juez es cumplir con la sentencia y que cualquier demora podría causar un sufrimiento y padecimiento adicional a Ana Estrada.
