Patricia Benavides ya investiga los asesinatos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en plenas protestas en contra de Dina Boluarte. Por ello, creó un equipo especial de fiscales desde Lima para tomar cartas en el asunto en el caso.
Se trata del tercer cambio de fiscalías que afecta las investigaciones sobre las 45 muertes y múltiples heridos por disparos de armas de fuego que dejaron las protestas sociales, la cuales se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, especialmente en las provincias del sur.
Al producirse la mayoría de las muertes y heridas leves y graves, las primeras diligencias estuvieron a cargo de fiscales provinciales penales de casos comunes, fiscalías especializadas de crimen organizado o Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, según la zona del país donde ocurrieron los hechos.
Luego, el 13 de enero, la fiscal de la Nación anunció la reestructuración del Subsistema de Fiscalías de DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo para investigar, dijo, las muertes en las protestas.
Con esa meta, este subsistema altamente especializado y con años de experiencia fue dividido en dos: por un lado, DD. HH. e Interculturalidad, bajo la coordinación del fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón, y por otro, terrorismo.
