Durante la vigencia de la medida se restringen derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución
En una respuesta contundente al incremento de delitos como el sicariato, la extorsión y el homicidio, el Gobierno de Perú oficializó la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, tendrá una vigencia de 30 días calendario, periodo en el cual la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Bajo el amparo del artículo 137 de la Constitución, durante este tiempo quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esta decisión se sustenta en informes de inteligencia que advierten una situación crítica que afecta gravemente la convivencia social en la capital y el primer puerto.
La norma crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada que centraliza la planificación y ejecución de acciones contra la delincuencia, integrando a la Policía, el Ejército, el Poder Judicial, el Ministerio Público y gobiernos locales – Créditos: Andina.
La medida, que publicada el diario El Peruano. otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar delitos como homicidio, sicariato, extorsión y otros crímenes conexos.
Se restringen derechos constitucionales
Durante la vigencia de esta norma, se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Esta restricción se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y busca fortalecer la respuesta del Estado ante una crisis de seguridad ciudadana que, según informes reservados de la Policía Nacional, ha afectado gravemente a la población de Lima y Callao.
La norma crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional y conformado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, el Ejército, gobiernos locales y otras entidades estratégicas. Este organismo centraliza la planificación y ejecución de acciones, contando con un centro de coordinación permanente y la integración de recursos humanos y tecnológicos para operativos continuos.
Medidas de seguridad y control territorial
Las fuerzas integradas, compuestas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, implementan patrullajes permanentes en zonas identificadas como críticas, con base en mapas del delito y análisis de inteligencia. Además, se instalan puestos de comando temporales en coordinación con gobiernos regionales y locales, y se intensifica el resguardo de instituciones públicas.
Se establece la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (categorías L1 y L3), salvo excepciones específicas, y se refuerza el control de identidad tanto en la vía pública como en transporte privado y público.
La norma también prevé operativos masivos de decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Fiscalización, inteligencia y justicia
El Comité de Fiscalización, presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ejecuta operativos contra la trata de personas, el comercio ilegal de drogas, armas, autopartes y la venta informal de chips telefónicos. La Policía Nacional puede solicitar la suspensión inmediata de líneas telefónicas vinculadas a delitos, en coordinación con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El Comité de Inteligencia implementa un sistema integrado de videovigilancia e inteligencia predictiva, utilizando cámaras públicas y privadas, drones y algoritmos de reconocimiento facial. Este sistema busca anticipar y neutralizar focos delictivos mediante el análisis en tiempo real de datos provenientes de diversas fuentes.
Por otra parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptan medidas administrativas y presupuestales para mejorar su capacidad de respuesta, incluyendo la protección especial para fiscales y jueces involucrados en casos de criminalidad organizada y la masificación de denuncias en línea a través de la Central Única de Denuncias.
La declaratoria de emergencia incluye incentivos y reconocimientos para miembros destacados de las fuerzas integradas, y prevé el uso de tecnología satelital, con el apoyo de la Agencia Espacial del Perú, para el monitoreo de zonas de riesgo y control territorial. La medida será evaluada periódicamente y su continuidad dependerá de un análisis de resultados que será remitido a la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.
