En medio del escándalo su hija se quitó la vida. Denuncian a Consorcio Pacaypite y a Miguel Ángel Gamarra.
Desde la clandestinidad, el alcalde del distrito de Jepelacio, en Moyobamba (San Martín), Joel Huamán Minga, rompe el silencio. Afirma que el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva basándose únicamente en la versión de la asistente de una empresa contratista que incumplió el plazo de construcción de un puente.Según el burgomaestre, todo sería una represalia del Consorcio Pacaypite–Empresa Jevalú, luego de que su gestión resolviera el contrato por incumplimiento. Hoy, mientras espera el inicio del juicio, asegura que demostrará su inocencia.
El origen del conflicto
El problema se remonta al 2023. La obra del puente carrozable en el centro poblado de Pacaypite venía arrastrando retrasos desde 2021, durante la gestión anterior. Incluso hubo un proceso de conciliación.“En mi gestión se les otorgó un plazo adicional de siete meses, pero tampoco cumplieron”, sostiene Huamán Minga.Ante el incumplimiento, el municipio resolvió el contrato conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. La respuesta del consorcio fue inmediata: medidas cautelares y arbitrajes en Lima. Sin embargo, ninguna instancia les dio la razón.Pero la disputa no terminó allí.
La acusación
Huamán Minga señala directamente a los hermanos José y Mario Castañeda Alarcón y a Miguel Ángel Gamarra, quien —según afirma— se presentó como funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.“La empresa empezó a utilizar colaboradores eficaces para mentir, diciendo que recibí dinero por aprobar un adicional de obra”, denuncia.El adicional N.° 1 correspondía a la demolición de roca no contemplada en el expediente técnico. Inicialmente valorizado en S/ 60 mil, terminó aprobado por S/ 234 mil. La acusación sostiene que habría existido una sobrevaloración deliberada.“Dicen que me iban a dar S/ 100 mil. Eso es totalmente falso”, afirma.Incluso —según su versión— la representante de la empresa negó haber autorizado entrega de dinero alguno.
La prisión preventiva
El caso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Moyobamba. En primera instancia, el juez de investigación preparatoria no dictó prisión preventiva.Sin embargo, tras la apelación, la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba revocó la decisión en agosto de 2024 y ordenó 18 meses de prisión preventiva.Huamán Minga sostiene que la decisión se basó únicamente en el testimonio de la colaboradora eficaz.
La tragedia
El golpe más devastador no vino del ámbito judicial.El 20 de enero de 2026, su hija de 13 años se quitó la vida. No soportó —según el entorno familiar— la presión y el escándalo público que rodeaban a su padre.Hoy, el alcalde pide que su caso sea revisado por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, o por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.Mientras tanto, asegura que seguirá luchando por limpiar su nombre.
