Oficio fue remitido en abril del 2025 al Órgano de Control Institucional del sector, pero hasta hoy no se conocen resultados de la evaluación.
En abril de 2025, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) trasladó formalmente una denuncia ciudadana al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante el Oficio N.º D001458-2025-PCM-SSGEIP.El documento, emitido por la Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública, dispuso que se evaluaran los hechos denunciados dentro del marco de las competencias del sector y que se adoptaran las acciones correspondientes.La denuncia advertía presuntos favorecimientos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), instrumento clave en la política de formalización minera y especialmente sensible frente a riesgos de corrupción e infiltración del crimen organizado. Según la publicación periodística que dio origen al traslado institucional, los hechos involucrarían al funcionario Roger Vladimir Bustinza Camapaza, vinculado al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y a Jimmy Pfluker Pinillo, quien habría sido mencionado en la denuncia como investigado por presuntos vínculos con actividades ilícitas. La información fue difundida inicialmente por un medio de comunicación y posteriormente trasladada por la PCM a las instancias correspondientes para su evaluación.Sin embargo, a casi un año del traslado oficial:
• No se ha informado públicamente si se abrió un proceso administrativo.• No se han comunicado medidas preventivas.
• No se conocen resultados de investigación.
• Tampoco se ha señalado si el caso fue archivado.
Especialistas señalan que el silencio resulta preocupante en un contexto donde la formalización minera exige altos estándares de integridad y transparencia.Cuando una denuncia es derivada formalmente desde la PCM al órgano de control competente, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué acciones se adoptaron y cuál fue el resultado de la evaluación.La transparencia no es opcional. Es una obligación institucional.Por ello, se solicita al Ministerio de Energía y Minas y a su Órgano de Control Institucional informar públicamente qué medidas se tomaron tras el traslado efectuado en abril de 2025.
